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El Consell aprueba un convenio tipo de colaboración con los ayuntamientos para cederles el derecho a realizar tanteo y retracto

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– El objetivo es crear un patrimonio público de viviendas sólido y estable en los municipios El Consell ha aprobado el convenio de colaboración tipo entre la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática y los ayuntamientos correspondientes para la cesión por parte de la Generalitat del derecho de tanteo y retracto. Las viviendas posteriormente se destinarán a alquiler social a las familias con mayor necesidad habitacional. La Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunidad Valenciana apuesta por un modelo avanzado de descentralización en las políticas de vivienda, tratando de incentivar que los municipios y otros entes locales participan activamente de estas políticas. La Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunidad Valenciana apuesta por un modelo avanzado de descentralización en las políticas de vivienda, tratando de incentivar que los municipios y otros entes locales participan activamente de estas políticas. En esta línea de actuación, el recién aprobado Decreto Ley 6/2020, de 5 de junio, del Consell, prevé varias herramientas para ampliar el patrimonio público de viviendas de aquellos municipios que así lo desean. Con esto, se persigue la ampliación del parque público de viviendas a disposición de la ciudadanía y una mayor proximidad y eficacia en los servicios que se prestan en materia de vivienda. Con el objetivo de conseguir un parque público de vivienda sólida y estable en los municipios, la Generalitat facilita la adquisición de vivienda por parte de los ayuntamientos, cediendo los derechos de tanteo y retracto titularidad autonómica, ya que considera que es el medio idóneo para consolidar el patrimonio público de viviendas, dado que estos inmuebles, en la mayoría de casos, están en condiciones de ser puestos a disposición de la ciudadanía con carácter inmediato. Por otro lado, la adquisición de vivienda por parte del ayuntamiento posibilita que éste gestione tanto las cuestiones relativas a su habitabilidad como su adjudicación. Con ello se agilizan las tramitaciones, se evita que los interesados tengan que darse de alta como solicitantes de vivienda en diferentes administraciones así como los incómodos desplazamientos fuera de su municipio. Además, al ser los servicios sociales municipales los encargados de realizar los informes de las familias que necesitan una vivienda de manera urgente debido a una situación de riesgo de exclusión social o de desahucio de su vivienda habitual, el ayuntamiento pueden actuar de manera directa ofreciendo una alternativa inmediata a esas personas. Condiciones El ayuntamiento podrá cumplir el objeto de este convenio por sí mismo o en colaboración, total o parcial, del ente del sector público institucional en quién hubiera delegado las competencias en materia de vivienda. La Generalitat podrá ejercer de manera preferente los derechos de tanteo y retracto de las viviendas en un plazo de diez días desde la notificación de la transmisión. Cuando la Generalitat comunique su voluntad de no ejercerlo, se aplicará este convenio para que pueda hacerlo el propio ayuntamiento. La cesión de los derechos de tanteo y retracto a favor de un ayuntamiento no comportará ninguna contraprestación a favor de la Generalitat, atendiendo el fin social de la cesión y el marco global de colaboración de ambas administraciones. Por tanto, será el municipio el que asumirá íntegramente los gastos que generó la transmisión y la adquisición del inmueble. Destacar que las viviendas adquiridas se calificarán de protección oficial con carácter permanente y se incorporarán al parque público municipal. Se destinarán a vivienda habitual de familias, personas o colectivos con escasos recursos sociales o en situación de vulnerabilidad inscritos en el registro del municipio correspondiente. Los convenios tendrán una vigencia de un año, con posibilidad de prorrogarse hasta un máximo de cuatro. Una comisión mixta supervisará y controlará el cumplimiento del protocolo.

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