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El Comité Europeo de las Regiones respalda la propuesta valenciana para transformar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización

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El Comité Europeo de Regiones (CDR) ha respaldado el Dictamen de la Comunitat Valenciana sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) presentado ante el pleno del Comité de las Regiones esta semana.

Los líderes locales demandan incrementar el presupuesto de 200 a 500 millones de euros anuales y fijar su umbral de intervención en 150 trabajadores, para reforzar el papel de los entes regionales en la gestión del Fondo, diseñado para mitigar los efectos de los despidos masivos y de los cambios estructurales del comercio mundial que ha traído la globalización.

El dictamen, fruto del trabajo conjunto de agentes socioeconómicos valencianos y la Generalitat, propone, entre otras medidas, prestar más atención a los trabajadores más vulnerables: personas mayores de 54 años y menores de 30 años, las personas con algún tipo de discapacidad, las minorías étnicas y los trabajadores sin cualificación. Otra de las modificaciones que propone el dictamen, coordinado por Ximo Puig, y que cuenta con el respaldo de numerosas regiones, sugiere una atención prioritaria a los nuevos retos que deben afrontar las empresas: digitalización, transición tecnológica y medioambiental vinculada al cambio climático.

La Comunitat Valenciana, una de las regiones de la UE que más se ha beneficiado del FEAG pues ha percibido, desde 2007, 17 millones de euros para las personas trabajadoras despedidas en los sectores de la cerámica, el textil, la construcción, el calzado y el metal.

La actual propuesta valenciana pasa por incorporar a este fondo a todas las personas “amenazadas de despido”, para que, con independencia de las medidas provenientes de otros programas europeos, puedan recibir ayuda directa de este fondo.

Con estas medidas, desde la Comunitat se pretende frenar la llamada “geografía del descontento” de los ciudadanos y las ciudadanas, es decir, la desilusión provocada por la crisis económica y social y, como consecuencia, su desafección hacia a las instituciones públicas.

La propuesta, cuya aprobación definitiva depende del Parlamento Europeo, además de incluir la ampliación de las misiones del fondo, también plantea un cambio de nomenclatura a Fondo Europeo de Apoyo a la transició

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