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El acuerdo impulsado por PSPV para incluir en las Bajas Emisiones el estudio de la UPV es invalidado por PP y Vox

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VALÈNCIA, 14 (EUROPA PRESS)

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, presidido por la ‘popular’ María José Catalá y formado por PP y Vox, ha dejado este martes sin efecto el acuerdo plenario adoptado en octubre, tras prosperar una moción socialista por la ausencia de miembros del ejecutivo en la votación, para que en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se tuvieran en cuenta los estudios realizados por la Universitat Politècnica de València (UPV) sobre los niveles y mediciones de contaminación.

El acuerdo que prosperó en el pleno del pasado mes a instancias del PSPV ha quedado invalidado este martes en la sesión ordinaria de noviembre tras salir adelante, con el respaldo del gobierno municipal, la moción que este había presentado como alternativa a la socialista.

Aquella moción salió adelante porque eran más los ediles de la oposición –Compromís y PSPV– que había en la sala de plenos que los del ejecutivo al votar. La iniciativa socialista se aprobó con 12 respaldos de la oposición y 11 votos en contra de PP y Vox. La falta de concejales del gobierno hizo también que no prosperara la moción que este equipo había impulsado como alternativa a la del PSPV.

La ausencia de ediles en ese debate se debió a que habían salido de la sala para comer. Esa circunstancia y que los socialistas impusieran su propuesta suscitó la llamada polémica de los «canapés». Para evitar que algo así se repitiera en el pleno de este martes y en las próximas sesiones ordinarias, el ejecutivo local acordó la pasada semana hacer en cada pleno un receso de 40 minutos para comer. El primero de ellos se ha llevado a cabo esta jornada.

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En concreto, en la sesión plenaria de este martes PP y Vox han aprobado dejar sin efecto el acuerdo del 24 de octubre por el que salió adelante la iniciativa del PSPV que planteaba asumir los resultados del Grupo de Investigación de Tecnologías de la Información contra el Cambio Climático (ICTvsCC) de la UPV y el proyecto AirLuisa para la toma de decisiones en el diseño de las Zonas de Bajas Emisiones en València.

Los socialistas defendieron que se tuvieran en cuenta esos resultados «por su rigor científico y por alcanzar 600 puntos de medida frente a los 6 del Ayuntamiento». Además, el acuerdo invalidado contemplaba definir y determinar las características de una ZBE acorde con la realidad de contaminación de la capital valenciana.

«SATISFACEN LOS CRITERIOS EXIGIDOS»

Este martes, durante el debate de la propuesta del ejecutivo para anular la socialista, el gobierno ha señalado que «las estaciones automáticas de la Red de Vigilancia de la ciudad satisfacen todos los criterios exigidos» y que eso «justifica que los datos proporcionados por estas sean los utilizados como sistema de monitorización y seguimiento continuo de la ZBE y para la toma de decisiones en su diseño».

Igualmente, ha resaltado que en València «no se supera los valores límites fijados, de forma que no hay razón para tomar como referencia los valores límite de la OMS como punto de partida, sin perjuicio de que se adopten medidas para la mejora de la calidad del aire».

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Además, de dejar sin efecto los acuerdos del pleno de octubre sobre este tema, la moción del equipo PP y Vox planteaba «cumplir la normativa contenida en la ley de cambio climático y transición energética y el Real Decreto por el que se regulan las ZBE en la regulación que haga el Ayuntamiento de València» en este ámbito.

Antes de iniciarse el debate entre los grupos políticos, este martes ha intervenido en el pleno el profesor José Vicente Oliver, del Grupo de Investigación ITACA-ICTvsCC de la UPV, que ha destacado que «las emisiones contaminantes en València deben tratarse con el máximo rigor científico con el fin de mejorar la calidad del aire y la salud».

«No ponemos en duda el cumplimiento de la normativa vigente por parte de la Red de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica de la ciudad», ha apuntado el experto, que ha precisado que el hecho de que «en las ubicaciones de las estaciones actuales de la Red de Vigilancia no se superen los valores límite de la calidad del aire no significa que la ciudadanía que vive y trabaja en el resto de ubicaciones no esté respirando aire con una contaminación por encima de los valores límite establecidos tanto por la normativa vigente a nivel europeo y nacional, como por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud».

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COLABORACIÓN CIENCIA Y ADMINISTRACIONES

Así, desde la UPV se ha expuesto que «la calidad de vida y la salud pública deben ser el fin común de la colaboración entre la ciencia y las administraciones públicas: los investigadores aportando datos, metodologías y resultados rigurosos y las administraciones diseñando e implementando las medidas para la mejora de la calidad del aire y, por ende, de la salud de la ciudadanía».

El edil de Movilidad, Jesús Carbonell, ha apuntado que las mediciones hechas por estos expertos «son las complementarias» y «no las principales». «El modelo del Ayuntamiento se ajustaría a dicha exigencia mientras que el estudio de la UPV no», ha aseverado, a la vez que ha señalado que «las concentraciones que emite el estudio no distinguen según el origen de la contaminación, exigencia del modelo de Bajas Emisiones».

«No estaban elaborando los estudios con el objetivo de elaborar una Zona de Bajas Emisiones. Han hecho un estudio maravilloso que nos viene perfectamente pero no se ajusta a las necesidades del Ayuntamiento», ha dicho Carbonell a la UPV.

La edil del PSPV María Pérez ha dicho que el estudio de la UPV «completa las ubicaciones con el conjunto de la ciudad». «El problema es la ubicación donde se mide. Aquí están los datos para completar las mediciones. La moción –del gobierno– no debería ir de si hay contaminación o no sino de cómo aplicar la ZBE y conjugar la mejora de la calidad del aire con la realidad del parque móvil de la ciudad», ha dicho.


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