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Bravo acuerda con los sindicatos la convocatoria de oposiciones para cubrir más de 2.400 puestos en la Oferta de Empleo Público de 2018

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La consellera de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha acordado con los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Función Pública la convocatoria de oposiciones para cubrir un total de 2.417 de las cuales 1.450 plazas corresponden al turno libre y 967 a promoción interna.

Así se conformará la Oferta de Empleo Público (OPE) para el año 2018 según se ha decidido en la reunión celebrada este miércoles en València en la que se ha informado a las centrales sindicales que la OPE de 2018 se fusionará con la de 2017 (con 2.008 plazas) por lo que la oferta conjunta será de 4.425 puestos de trabajo.

El notable aumento del número de puestos que se ofertarán se justifica en que los límites impuestos por el Gobierno son menos severos que en años anteriores. De hecho, la tasa de reposición (el número de plazas que se pueden convocar para sustituir a los trabajadores que se han jubilado) se ha establecido en el 100% de los sectores prioritarios (seguridad, sanidad y bienestar social, básicamente) y del 75% para el resto de categorías profesionales.

Tal y como ha explicado la consellera, “así podemos trasladar la recuperación económica al ámbito de la Administración y contribuir a la generación de ocupación que redunda en una mejora de los servicios públicos”.

La consellera también ha añadido que la OPE permitirá “reforzar sectores básicos como los asistenciales y los vinculados a la lucha contra el fraude fiscal, la concesión de ayudas públicas, el asesoramiento jurídico y de gestión de recursos, la prevención y extinción de incendios, el empleo, la agricultura y el apoyo al turismo y la actividad cultural, entre otros”.

De este modo, en la OPE destaca la convocatoria de 400 puestos para administrativos y auxiliares, 123 de técnicos de Administración General; 35 plazas para técnicos de Medio Ambiente; 120 puestos de Orientación Laboral y más de 600 entre educadores de Educación Infantil, Educación Especial y especialistas en Atención Sociosanitaria, entre otros.

El Decreto apuesta, decididamente, por la diversidad funcional en la medida en que se reserva más de un 7 por ciento de la totalidad de las plazas para ser cubiertas entre personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

También se promueve y respeta la igualdad de género porque se aplican las medidas previstas en el Plan de Igualdad de la Generalitat y se prevé que, como criterio de desempate, sean mujeres las seleccionadas en el caso de que ellas estén infrarrepresentado dentro del cuerpo o escala objeto de la convocatoria.

El decreto de la OPE también incluye una serie de medidas para que los procesos de selección se rijan por los principios de agilidad, eficacia y eficiencia. Se está preparando una serie de órdenes que, entre otras cosas, fusionará convocatorias de la OPE de 2017 con la de 2018 en aquellos procesos que sea posible.

También se creará una Comisión Permanente de Selección que, entre sus funciones, será la encargada de la elaboración y corrección de las pruebas comunes que existan en diversas convocatorias.

Según ha explicado Gabriela Bravo, estas medidas están orientadas, sobre todo, “a que no se eternicen los procesos selectivos” y por ello, “el objetivo es que los procesos de los Cuerpos A1 y A2 tengan una duración máxima de 11 meses y los de los restantes Cuerpos un máximo de 8 meses”.

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