Construyendo Malilla pide participar en la reunión entre Ayuntamiento y Conselleria de Vivienda y exige una «alternativa concreta»
VALÈNCIA, 2 (EUROPA PRESS)
El desalojo de una docena de familias de dos inmuebles ubicados en los números 9 y 11 de la calle Manuel Arnau de València –en la zona de la Cruz Cubierta–, y que se encuentran en riesgo de derrumbe, se ha aplazado diez días.
La paralización del desalojo previsto para este lunes se ha producido después de que los bomberos hayan entrado en el inmueble y han certificado que, aunque hay un riesgo de ruina inminente, no existe un riesgo de colapso inmediato, según han informado integrantes del colectivo Construyendo Malilla, que se han concentrado desde primera hora de la mañana ante los edificios para intentar evitar el desalojo. Hasta el lugar, se han personado también efectivos de la Policía Local, que han estado conversando con vecinos.
De este modo, las familias podrán permanecer en las viviendas hasta el próximo jueves 12 de agosto y durante los próximos días se negociará «una salida pacífica».
Construyendo Malilla reclama ser parte como «interlocutor» de la reunión que está previsto celebrar mañana martes entre la Conselleria de Vivienda y el Ayuntamiento, Asimismo, exigen una «alternativa concreta» para las familias.
Las personas concentradas han gritado consignas como «Este desahucio lo vamos a parar», «Vecina, despierta, desahucian en tu puerta», «Nos tiran a la calle en plena pandemia» o «Hay niños en la calle y no le importa a nadie». También han colgado pancartas en la fachada de uno de los edificios, en las que podían leerse mensajes como «Alquiler social ¡YA!» o «Las familias se organizan, los hogares se defienden».
El sindicato de barrio ha insistido que las familias recibieron el pasado lunes 26 de julio el aviso de demolición de los edificios –de 1930 y declarados por el Ayuntamiento en riesgo inminente de derrumbe– «sin garantía judicial» y subraya que, aunque «han ganado tiempo» con el aplazamiento, «continúa sin existir una solución definitiva».
«ALTERNATIVAS DE VIVIENDA CONCRETAS»
Uno de los portavoces de Construyendo Malilla, Vicente Danvila, ha subrayado que «el Ayuntamiento, vía Servicios Sociales, ofrece ayudas a las familias para que encuentren un alquiler». No obstante, ha criticado que «esto no es una solución concreta porque la situación de muchas de estas familias no les permite tener un contrato de alquiler». En este sentido, ha exigido a las instituciones que «les den alternativas de vivienda concretas, porque si solo les dan dinero esta gente se queda en la calle».
Por su parte, otro de los portavoces de la entidad, Jesús Cloquell, ha agregado que «la corporación municipal «está ofreciendo a estas familias pagarles la entrada de un piso». «Pero toda la gente con la que han contactado les han dicho que no les van a alquilar un piso con el Ayuntamiento como avalista, por lo que estas ayudas no pueden garantizar a estas personas una alternativa habitacional», ha expuesto.
Cloquell ha resaltado que las «circunstancias personales de las familias son muy diversas» y ha afirmado que en los inmuebles viven «desde familias con muchos hijos, personas mayores, personas con problemas cardiovasculares o incluso una mujer con leucemia». «A todo esto se suma lo que significa estar viviendo en un estado precario», ha añadido.
La pasada semana, desde el consistorio han asegurado que los equipos de servicios sociales atienden a los residentes del inmueble desde 2014 y les han ayudado a optar a la renta valenciana de inclusión, a escolarizar a los menores o a regularizar documentos, además de proponerles unas ayudas de emergencia que permiten pagar tres meses de alquiler. «Estas familias no son invisibles, no están desprotegidas ni sin recursos», han remarcado fuentes de la Concejalía de Bienestar Social.
«CUMPLAN CON SU RESPONSABILIDAD»
Una de las personas afectadas por el desalojo, Stephan Nicolai, ha exigido al Ayuntamiento y la Generalitat que «cumplan con su responsabilidad» y les faciliten «una alternativa humana para no vivir como perros callejeros». «Si nosotros vamos a cumplir nuestro trato de salir en diez días, ellos deben cumplir también y buscar soluciones para las personas desfavorecidas y con muchos niños», ha manifestado.
«He dado mi palabra y voy a salir, pero como yo doy ejemplo ellos deben dar ejemplo», ha reiterado, al tiempo que ha censurado que «si las autoridades no cumplen con su responsabilidad sería una vergüenza».
Por su parte, Lacatus Illie, otro afectado, ha explicado que ha intentado buscar un alquiler a través de una agencia inmobiliaria. «Me piden una nómina de 1.500 euros y tres meses de fianza, pero no tengo trabajo ni dinero para pagarlo», ha apuntado.
Finalmente, Tania Rubí, también residente en estos edificios, ha criticado que «no ve viable» el desalojo: «Nos dicen que tenemos que buscarnos pisos por nuestra cuenta y no tenemos nóminas ni avales y nadie te va a alquilar un piso si no tienes contrato de trabajo», ha concluido.
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