MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (UGAMA) ha asegurado este lunes que el descenso de un 40% de los ataques de lobos a ganado en 2020 registrado por el Gobierno regional se ha debido «al hartazgo de los ganaderos a la hora de denunciar, porque cada día hay más trabas y un oscurantismo que ha llegado a un límite en el que el ganadero denunciante ni siquiera tiene acceso al informe emitido por guardería forestal en su propia granja».
El sindicato se queja de que la comunicación con los ganaderos es «prácticamente nula», ya que mayoritariamente se enteran de la situación actual del lobo en la Comunidad de Madrid por los medios de comunicación. «Prueba de ello es que solo se han celebrado dos mesas del lobo en 10 años que han sido una autentica pérdida de tiempo», critican.
En cuanto a las medidas preventivas para evitar los ataques, UGAMA señala que son las que han puesto los propios ganaderos, «lo que ha mermado significativamente su precaria renta, puesto que del Programa de Desarrollo Rural no se ha modificado ni una coma y sigue sin haber una medida específica para el tema del lobo».
«Estas medidas son totalmente insuficientes pues a día de hoy, debido a la ley 4/2016 e 22 de julio de protección de animales de compañía, que indica que los mastines, «única medida preventiva eficaz», están obligados a ir atados y con bozal y por supuesto el ganadero asumiendo todos los gastos de alimentación, seguros de responsabilidad civil y sanitarios de dichos animales», esgrimen.
Por otro lado, para el sindicato resulta «incoherente» que los animales semidevorados que quedan tras un ataque el propio ganadero tenga que retirarlos y llevarlos a incinerar, «lo que produce que el lobo para comer al día siguiente tenga que matar de nuevo a otros animales».
En este sentido recuerdan que la Asamblea aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) en la Comunidad de Madrid instando al gobierno regional a establecer una normativa para poder dejar cadáveres de animales en el campo, «y que por parte de este gobierno a día de hoy, no ha avanzado nada sobre esta cuestión».
La Unión de Ganaderos apunta que la orden de indemnización por ataques de lobo no ha cambiado nada en los últimos años «a pesar de que son muchos los ganaderos que han optado por ir a los tribunales para obtener una compensación justa, de la mano de nuestros servicios jurídicos».
«En más de una docena de ocasiones los ganaderos han ganado los juicios obteniendo unas compensaciones mucho mayores de las ofrecidas, sin que la Administración regional haya movido un dedo para adaptar la cuantía de las ayudas a las sentencias firmes. En concreto, una de estas sentencias fue recurrida hasta tres veces por la Consejería de Medio Ambiente hasta llegar al Tribunal Supremo, en un esfuerzo más de esta Administración por aburrir a la ganadería y donde también se le dio la razón al ganadero», afirman.
Por último, la organización ganadera considera que el balance regional realizado por la Comunidad de Madrid sobre el lobo y las medidas puestas en marcha son «distorsionadores de la realidad cuyo cometido es maquillar la inacción de una Administración que ha enquistado un problema de primer orden en el campo madrileño». Por ello, instan a los distintos responsables a «que empiecen ya una línea de diálogo sincero y continuo para evitar que este conflicto se siga resolviendo en los tribunales».
RECUENTO DE DATOS E INICIATIVAS REGIONALES
Los ataques del lobo al ganado madrileño ha descendido progresivamente, pasando de 385 ataques en 2018 a 210 en 2020, es decir, un 40 por ciento menos, según datos proporcionados a Europa Press por fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.
La Consejería destaca que esta reducción se debe a las medidas preventivas que han puesto en marcha. Entre esas medidas están los estudios de caracterización y seguimiento reproductivos de la especie, elaboración de censos, el marcaje con tecnología GPS, el seguimiento de los puntos de incidencia de la especie con el ganado así como los puntos de mortalidad, la elaboración de necropsias.
También a la comunicación constante con los organismos gestores de las carreteras para solventar incidencias en las vías que puedan derivar en atropellos, y por último, a la elaboración de informes ambientales relacionados con distintas actividades que puedan influir negativamente en la conservación de la especie.
La Consejería reconoce que adopción de medidas preventivas por parte de los ganaderos en la cabaña ovina ha hecho que vayan disminuyendo los ataques. También técnicas como la concentración de parideras y la presencia de mastines son medidas de protección que se están demostrando ser muy eficaces. «El ganado extensivo es la asignatura pendiente y hay que centrar los esfuerzos en facilitar un mayor manejo del mismo», señaló el director general de Biodiversidad y Recursos Naturales, Luis del Olmo.
Asimismo, destacaron la elaboración de distintas ayudas económicas para compatibilizar la presencia del lobo con las explotaciones ganaderas, con las que poder financiar pequeñas inversiones de mejora de las instalaciones, adquisición de perros pastores y equipamientos; «y las labores de sensibilización y asesoramiento a los colectivos afectados».
A esta medida se suma la presencia de un veterinario en el marco del Plan de Actuación del Lobo que recorre las instalaciones y explotaciones ganaderas afectadas por los lobos al objeto de valorar las medidas que cuenta la explotación y evitar futuros daños, así como para proponer, en su caso, mejoras o refuerzos de las mismas.
Por último, Del Olmo señaló que entre las medidas a tomar en cuenta a futuro destaca «la integración de los valores culturales, etnológicos, antropológicos y biológicos del lobo en el desarrollo turístico, prohibiendo las actividades que generen molestias en las zonas de cría y reunión».
«A ello hay que añadir, y en ello estamos trabajando, la agilización en el pago de indemnizaciones, las subvenciones para comprar y mantener los perros de guarda y las teleras móviles para los ganaderos, y la articulación de leyes que den seguridad jurídica a los ganaderos en el uso de mastines, y que sean considerados como animales para el trabajo», manifestó a Europa Press.
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