El regidor está deseando que llegue el juicio para que se demuestre que no cometió ninguna irregularidad
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de lo Penal número 11 de Madrid juzgará a partir del próximo 22 de junio al alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, a sus dos antecesores en el cargo, a dos concejales y a siete exediles, todos ellos del PP, acusados por la Fiscalía de prevaricar en dieciséis expedientes urbanísticos de licencias de primera ocupación.
El juicio está señalado para los días 22, 23, 25 de junio y para el 1 de julio, según fuentes jurídicas. El alcalde de la localidad ha señalado a Europa Press que espera con «entusiasmo» la celebración del juicio con el que se va «a poner fin a siete años de especulaciones y acusaciones intencionadas».
García Díaz ha señalado que ha convocado para el próximo martes a todos los medios a la entrada al juzgado dado que para él supone «un día especial y quiere compartirlo». Además, ha lamentado que durante siete años ha tenido que «soportar» que su nombre y «el de otros concejales y alcaldes hayan sido constantemente asociados a palabras como prevaricación, corrupción».
«Tras diversos retrasos, por fin se celebra juicio y se concluirá este caso en el que no hay ninguna irregularidad», ha señalado y ha recordado que va al juicio porque «siendo concejal de cultura en una junta de gobierno votó a favor de dar licencia a unas viviendas construidas acorde a toda la normativa, pero a las que faltaba el contrato de luz definitivo de Iberdrola».
«Si no obtenía la licencia que nos habían solicitado, los vecinos compradores corrían un enorme riesgo de no poder habitarlas en años, algo que volvería a hacer», ha explicado.
OTROS EXCARGOS EN EL BANQUILLO
Además del actual regidor, en el banquillo se sentarán los exalcaldes Miguel Ángel Santamaría y José María De Federico, así como dos concejales actuales del Gobierno municipal y siete exediles por la presunta comisión de un delito de prevaricación urbanística, según consta en el auto de procesamiento, al que tuvo acceso Europa Press.
La Fiscalía solicita para los doce acusados penas de hasta 3,6 años de prisión e inhabilitación especial hasta 10 años para el ejercicio de cargo público y empleo.
En su escrito, el fiscal solicita para el actual alcalde dos años de prisión y ocho años de inhabilitación especial para ejercer como cargo público.
Al exalcalde Miguel Ángel Santamaría se le piden 3,6 años de prisión, al igual que se pide para la concejal de Hacienda, Belén Colmenarejo. Esta misma pena se pide para otros seis exediles acusados. El primer teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Urbano, Carlos Blázquez Rodríguez, se enfrenta a dos años de prisión y a inhabilitación de ocho años, al igual que se pide para otros dos exdiles acusados.
Esta misma pena pide para otros dos exediles. También están procesados el exalcalde José María de Federico Corral y otros cuatro exediles del PP de Colmenar Viejo.
La investigación judicial se inició a raíz de dos querellas de la Fiscalía de Medio Ambiente en dos juzgados de Colmenar. Tras las pesquisas, la juez apuntó a un total de 16 infracciones llevadas a cabo desde el año 2006 en las que el Ejecutivo popular de Colmenar Viejo concedió licencias de primera ocupación, a pesar de la existencia de informes de técnicos municipales desfavorables.
Según la juez, «las diferentes Corporaciones que han conformado el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, durante los últimos diez años y en concreto quienes han formado parte de las Juntas de Gobierno Local de sus gobiernos municipales, se pusieron de acuerdo para otorgar de forma reiterada licencias de obra y de primera ocupación a distintos promotores pese al incumplimiento de la normativa urbanística derivada del Plan General de Ordenación Urbana y los distintos Planes Parciales de los distintos sectores urbanísticos en que se divide el Municipio deColmenar Viejo».
Y aseguraba que esta circunstancia «se ponía de manifiesto y por escrito en los informes de los técnicos del Departamento de Urbanismo y de los Técnicos Jurídicos del mismo, e incluso de los propios informes de la Secretaria General del Ayuntamiento».
La magistrada instructora dictaminó que estos «hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un presunto delito continuado de prevaricación urbanística» del Código Penal.
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