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Ecologistas critica a la Dirección de Urbanismo por aplicarles una “tasa abusiva” para recibir una información ambiental

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MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El pasado 18 de enero, Ecologistas en Acción solicitó información ambiental a la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad para saber si las naves y actividades que se desarrollan en unas parcelas, en suelo clasificado como no urbanizable de especial protección, en el municipio de Villamanta, cuentan con calificación urbanística.

La calificación urbanística es la autorización previa que debe emitir la Dirección General de Urbanismo para que los ayuntamientos conceda licencia de obra o de actividad en suelo rústico.

La petición de información de Ecologistas en Acción se refiere a unas parcelas, en las que se desarrolla una actividad de compra y venta de leñas y astillado para biomasa, que están denunciadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, ante la propia Consejería de Medio Ambiente.

Transcurridos casi dos meses sin obtener respuesta, la organización reiteró la petición, el 11 de marzo de 2021. Ante esta segunda solicitud, el Área de Actuaciones Administrativas de la Dirección General de Urbanismo, requirió el pago previo de una tasa de 78,42 euros para remitir la información.

“Para entender el abuso de la tasa impuesta debe tenerse en cuenta que la información solicitada es pública y se enmarca dentro de lo que se considera información ambiental, de acuerdo a la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. De acuerdo a esta Ley, los envíos de información ambiental por vía telemática, como es el caso, están exentos de tasa”, señalan.

Por tanto, entienden que se debería remitir esta información sin coste alguno para el demandante. Pero, en caso de aplicarles alguna cuantía, debería ser la establecida por la Orden PRE/1597/2014, de 5 de septiembre, por la que se establecen las cuantías y se dictan normas sobre la gestión y el cobro de la tasa por suministro de información ambiental en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos que establece el precio de 0,03 euros por folio.

Esta tasa es específica para información ambiental y se aplica cuando la documentación se remite en algún soporte y además los 20 primeros folios están exentos de tasa.

Si se aplicara esta tasa, para llegar a la cuantía de 78,42 euros que se exige a Ecologistas en Acción, la información solicitada debería remitirse en papel y constar de 2.634 folios, algo que ven “improbable” porque las calificaciones urbanísticas son resoluciones que constan de unas cuantas páginas (entre 10-20 folios).

En caso de aplicar las tasas genéricas (no específica para información ambiental) del Texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, el precio por folio oscilaría entre 0,09 euros (si la documentación no estuviera en archivo) y 0,15 euros (si estuviera en archivo por su antigüedad). De aplicar estas tasas, la documentación debería remitirse en papel y constar de 871 o 523 páginas respectivamente, apuntan.

Ecologistas en Acción, ha recurrido el acuerdo del Área de Actuaciones Administrativas de la Dirección General de Urbanismo ante la propia Consejería de Medio Ambiente y ha solicitado la nulidad y la retirada de la tasa o, en su defecto, su sustitución por el precio ajustado a los que establecen las normas de aplicación.

Igualmente, ha solicitado que se investigue la actuación de la autoridad pública que ha impuesto una tasa excesiva e injustificada. A juicio de la organización, se trata de “una maniobra de disuasión y de obstrucción del derecho a la información pública ambiental y parece que la Dirección General de Urbanismo pretenda favorecer a quienes infringen las normas ambientales y urbanísticas y busque silenciar a quienes los denuncian”.

DIRECCIÓN DE URBANISMO: “TASA LEGAL Y ORDINARIA”

Frente a todo ello, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente han explicado a Europa Press que la tasa aplicada es “legal, correcta y ordinaria en base a la Ley de Presupuestos”, una tasa que además está congelada desde 2015.

Además, han señalado que la Comunidad de Madrid “dota de los instrumentos necesarios a los municipios para que puedan redactar los planeamientos generales y de desarrollo urbano”.

“De esta manera, además de la congelación de las tasas, el Gobierno regional presta ayuda a aquellos municipios que cuentan con una menor capacidad económica y de gestión en materia de urbanismo”, apuntan desde el Área que dirige Paloma Martín.