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Interrupción de los desahucios a familias vulnerables

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Mientras dure el estado de alarma o las restricciones de movilidad


El Consejo Ejecutivo ha aprobado un Decreto ley que refuerza la protección de los colectivos más vulnerables ante posibles desahucios mientras dure el estado de alarma o esté en vigor cualquier otra restricción de movilidad por motivos sanitarios.

Los desahucios quedarán explícitamente suspendidos hasta que el gran tenedor o entidad financiera propietaria de la vivienda ofrezca el alquiler social a que está obligado.

El Decreto Ley aprobado quiere asegurar que las personas en riesgo de exclusión residencial puedan permanecer en su domicilio mientras dure el estado de alarma. El Decreto Ley no afecta a los inquilinos de pisos propiedad de pequeños tenedores.

Desahucios suspendidos

Así, se especifica que los procedimientos de desahucio iniciados en que no se haya acreditado el ofrecimiento de un alquiler social se interrumpió porque el gran tenedor pueda formular su propuesta.

Colectivos protegidos

Las personas y familias vulnerables son:

Personas o familias en situación de vulnerabilidad acreditada ya antes de la pandemia

Personas o familias que ocupan el piso donde viven desde antes de junio de 2019 sin título habilitante

Los casos de extinción del contrato de alquiler con un gran tenedor

Personas o unidades familiares vulnerables con dificultades para pagar las cuotas hipotecarias

Excepcionalmente, también quedarán cubiertas las personas o familias que han ocupado un piso de un gran tenedor entre julio de 2019 y el inicio del actual estado de alarma, el 25 de octubre, si cumplen los requisitos de vulnerabilidad y disponen del correspondiente informe social. En este caso, sin embargo, no es obligatorio ofrecerles un alquiler social.

En caso de que los Mossos o las policías locales reciban una denuncia solicitando medidas cautelares relativas a desempleos de viviendas de personas o familias en riesgo de exclusión residencial y ocupen la vivienda, deberán solicitar informe urgente a servicios sociales competentes, comunicando esta solicitud inmediatamente al Ministerio Fiscal.

El Decreto Ley no afecta a los inquilinos de pisos propiedad de pequeños tenedores

Más información

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