Una empresa que competía por licencias denunció al Ayuntamiento por reparto desigual
BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)
Una jueza de Barcelona ha validado el sistema de adjudicación de licencias de motosharing en Barcelona, que considera «ajustado a derecho», en una sentencia que rechaza el recurso de una de las empresas que se presentó al proceso para conseguir licencias.
La sentencia, consultada por Europa Press, valida en concreto la resolución del Ayuntamiento de Barcelona que en febrero abrió el procedimiento para otorgar 3.960 licencias temporales para motos de alquiler en la ciudad.
La empresa Oiz Ridershing recurrió esta resolución y pidió a la jueza que la anularla al considerar que la convocatoria vulneraba el derecho a la igualdad entre las empresas que competían por las licencias.
En concreto, la empresa denunciante señalaba el apartado de la resolución que fijaba un plazo máximo de 30 días para poner en funcionamiento los vehículos de alquiler una vez conseguida la licencia, a diferencia de una convocatoria anterior, en 2019, en que las adjudicatarias podían pedir una prórroga de 30 días más.
Para la denunciante, este plazo sin posibilidad de prórroga les dejaba en situación de desigualdad frente a las empresas que ya tienen disponibilidad de vehículos y no tienen que encargarlos o fabricarlos.
«URGENCIA» EN ACTIVAR LAS MOTOS
El Ayuntamiento replicó que esta vez no daba la opción a ampliar el plazo «por razones de interés público, concretamente por la urgencia existente por que estén todos los vehículos en el espacio público en el plazo más breve posible en función de los cambios de movilidad detectados por la emergencia sanitaria», y sostuvo que no por ello se favorecía a unos operadores en detrimento de otros.
Además, la jueza señala en la sentencia que la empresa denunciante también se presentó a la convocatoria para licencias en 2020, que tampoco permitía esta prórroga de 30 días, sin presentar ninguna queja.
LA JUEZA NO VE «DISCRIMINACIÓN»
La jueza concluye que el sistema de reparto de licencias «no establece discriminación alguna de la empresa recurrente respecto de las demás», porque todas ellas están sometidas a la misma supresión de la prórroga para poner los vehículos en funcionamiento.
Reconoce que el plazo fijado favorecerá a las empresas que ya tengan las motos disponibles, pero es algo «que cae dentro de la organización empresarial de cada una de las empresas licitadoras», y que al parecer de la jueza no tiene nada que ver con el derecho a la igualdad que invocaba el denunciante.
- Te recomendamos -
