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Foment, sobre reformar la Ley Concursal: “La prioridad debe ser la continuidad de la empresa”

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Critica “los privilegios de los créditos públicos”

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

Foment del Treball ha pedido, en relación con el anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal sacado a trámite de audiencia pública por el Ministerio de Justicia y el de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que la prioridad sea “la continuidad de la empresa y no el privilegio de los créditos públicos”.

En un comunicado, la patronal ha insistido este miércoles en que mientras que el anteproyecto califica de preferentes los créditos públicos ante Hacienda o la Seguridad Social, el “compromiso prioritario” del derecho Concursal debería ser la continuidad de la empresa, en sus palabras.

“Hacienda y la Seguridad social no tienen que fijar la mirada en el pasado, centrándose solamente en las deudas concretas, sino que se tienen que contemplar los posibles ingresos públicos futuros que puedan derivarse de la continuidad de la empresa”, así como de las unidades productivas, ha argumentado Foment.

Ha defendido que “la visión basada en los privilegios de los créditos públicos únicamente servirá para certificar en los juzgados mercantiles más insolvencias y reducción de ocupaciones”, y ha añadido textualmente que, en ocasiones, lo que es bueno para Hacienda no es bueno para el país.

Ha afirmado que la actividad empresarial siempre conlleva un riesgo –que ha aumentado por la situación de pandemia– y que el sector público “no puede ser ajeno a este entorno”.

Sin embargo, ha considerado que el anteproyecto incluye novedades positivas como el procedimiento especial para pymes, “con mayor agilidad procesal”, la regulación legal del Pre Pack (venta de unidades productivas), y la incorporación del proceso electrónico y las visitas telemáticas.

EL ANTEPROYECTO

El anteproyecto va dirigido a garantizar que las empresas y empresarios viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a un procedimiento efectivo de reestructuración preventiva que les permita continuar su actividad.

Pretende que los empresarios personas físicas insolventes puedan disfrutar de la exoneración de sus deudas, después de un periodo de tiempo “razonable”, favoreciendo la segunda oportunidad y que se mejore la eficiencia del procedimiento concursal con el fin de reducir su duración.