Busca fijar importes proporcionados para personas que hayan alquilado su piso ocasional y esporádicamente
BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Barcelona ha cambiado los criterios en las sanciones a pisos turísticos ilegales para que sean «proporcionadas», ha explicado este lunes el consistorio en un comunicado.
El consistorio aprobará una instrucción que tiene en cuenta factores como la reincidencia, el número de alojamientos comercializados o la situación económica del infractor a la hora de aplicar las cantidades de las multas.
Con esta acción se busca ajustar las sanciones a la realidad de personas individuales que han alquilado su piso de forma ocasional y esporádica y tienen que afrontar sanciones que ponen en riesgo la economía familiar.
Las infracciones muy graves podrán pasar a ser graves y de 6.001 euros si se acreditan una serie de condicionantes, se podrán reducir a 3.000 en caso de situación de vulnerabilidad y se incrementarán si se detectan circunstancias agravantes.
La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, ha explicado que estas condiciones sirven para distinguir quién es un multi infractor o forma parte de una red organizada y quién no y ajustar estas sanciones, que en algunos casos llegaban a los 60.000 euros y ponían en riesgo la economía familiar.
«El objetivo era buscar una solución que hemos trabajado con la Associació d’Afectats pel Conflicte entre l’Ajuntament i Airbnb (ACABA) y las personas más afectadas para conseguir darle el enfoque más proporcional y justo posible atendiendo a su situación», ha añadido Sanz.
PLAN DE CHOQUE
En 2016 el Ayuntamiento puso en marcha un plan de choque «para poner freno y orden al descontrol que había en la ciudad en cuanto a los pisos turísticos irregulares».
Por aquel entonces, las plataformas de alquiler turístico tenían publicados más de 6.000 anuncios de pisos turísticos sin licencia y desde 2016 se han impuesto 9.077 sanciones.
Hasta enero de 2017, el Ayuntamiento castigaba esta práctica en la mayoría de los casos con importes que iban de 30.000 a 300.000 euros, aunque a partir de 2017 –a raíz de un cambio normativo a nivel catalán– la cifra aumentó de 60.001 a 600.000 euros.
Después de analizar la situación, y teniendo en cuenta las posibles casuísticas de los infractores individuales, el Gobierno municipal ha creído necesario actualizar los criterios que estipulan la cantidad de las multas.
El Ayuntamiento tiene potestad para definirlos a tenor de la Ley de turismo de Catalunya, que prevé que cualquier infracción muy grave se podrá rebajar a grave atendiendo a sus circunstancias.
La actualización de criterios y las circunstancias, que se recogen en la nueva instrucción municipal que se ha elaborado, se aplicarán a las nuevas sanciones que se impongan partir de ahora y también se revisarán las impuestas en los últimos años para modularlas.
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