VALLADOLID, 15 (EUROPA PRESS)
La Unión de Pequeños Agricutores (UPA) se ha mostrado radicalmente en contra de la decisión de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León de poner en marcha salas equipadas con servicios de videoconferencia para que los especialistas puedan asistir de forma remota a pacientes que se encuentran en urgencias de los centros de salud de la provincia.
La UPA denuncia que es una vuelta más de tuerca del Gobierno regional para ir desmantelando la sanidad pública que conocemos hasta la fecha y que afectará con especial incidencia a los pueblos de nuestra comunidad autónoma.
El objetivo del Gobierno regional, tal y como denuncia UPA a través de un comunicado recogido por Europa Press, es aprovechar las circunstancias vividas en este último año y medio con la COVID 19 para cargarse el sistema hasta ahora conocido y acabar poco a poco con la atención presencial y que vaya calando entre la población la necesidad de una mala entendida nueva era digital «con manoseados argumentos de evitar la aglomeración de pacientes en zonas comunes de las capitales y no exponer al contagio a los pacientes más vulnerables».
La situación la ve más preocupante aún teniendo en cuenta que el objetivo ahora es atender las urgencias a distancia y de forma remota a pacientes de los pueblos, «lo que resulta un auténtico despropósito, pasando por encima de un principio básico en la medicina y en los propios profesionales de la medicina como es la absoluta necesidad de la presencia del paciente».
UPA denuncia que la Administración regional esté aprovechando la COVID-19 para cambiar todo a costa de una prestación más precaria y deficiente de un servicio público como es el médico, a pesar de la apuesta incansable que se hace por parte de los profesionales que ejercen en el medio rural por ofrecer a sus pacientes el mejor trato y tratamiento en beneficio de su salud.
Ante este paso nuevo paso dado por la Junta, la UPA va a mostrarse especialmente reivindicativa en cuantas plataformas en defensa de la sanidad pública estén constituidas y emprendan acciones contra estas actuaciones que, a su juicio, desprotegen los derechos de los ciudadanos del medio rural.
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