VALLADOLID, 23 (EUROPA PRESS)
El Comisionado de la Transparencia, Tomás Quintana, ha reclamado la puesta en marcha de un instrumento jurídico para que fuerce el cumplimiento de las resoluciones de esta institución, algo que, a su juicio, debe estar reflejado en la nueva Ley de Transparencia y para lo que ya se han presentado alegaciones.
En la presentación de la memoria de 2020 ante la Comisión correspondiente en las Cortes, Quintana ha reconocido que «año tras año» aumenta el número de resoluciones de la Comisión que no son cumplidas por las administraciones y entidades públicas destinatarias de ellas. No obstante, ha reconocido las dificultades vividas durante el año analizado como consecuencia de la pandemia de Covid-19.
Ante esta situación, el comisionado de Transparencia ha considerado «necesario» disponer de un instrumento jurídico que permita «forzar» el cumplimiento de las resoluciones. «Entendemos que este instrumento debería ser la imposición de multas coercitivas como medio para garantizar la ejecución forzosa de las resoluciones cuando estas sean incumplidas».
En su intervención ante las Cortes, Quintana ha trasladado también que cada vez son mayores las dificultades del Comisionado para realizar su trabajo por la falta de medios atribuidos a la Institución. «Esto es imprescindible para que trabajo de dichos organismos contribuya decisivamente a avanzar hacia un modelo de gobierno que en todos los niveles esté basado en la transparencia de la actividad pública», ha defendido.
Según la memoria presentada este jueves un año más se han incrementado las reclamaciones presentadas por los ciudadanos; en concreto, fueron 329, por lo tanto 4 más que en 2019.
Ello supone que el ritmo de crecimiento en los dos últimos ejercicios se ha ralentizado respecto a los tres primeros años de funcionamiento de la Comisión; no obstante, desde el año 2016, cuando comenzó a operar la Comisión de Transparencia, en que se presentaron 102 reclamaciones, en cinco años estas se han triplicado.
Según Quintana, este crecimiento, lejos de detenerse en el presente año, se va a incrementar notablemente pues, a día de hoy, cuando todavía faltan más de tres meses para que finalice 2021, ya se han recibido 350 reclamaciones, es decir 21 más que las que nos fueron presentadas durante todo el año 2020.
Así, Tomás Quintana ha analizado las distintas resoluciones, en lo relativo a la publicación de información, si en 2019 ya se constataban avances notables en relación con la accesibilidad y reutilización de la información publicada en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, en 2020 estas mejoras se han intensificado a través del incremento de la información publicada en formatos reutilizables, en particular en el campo de la denominada ‘transparencia voluntaria’ mediante la aprobación del Catálogo de Información Pública de la Comunidad, en el que se contiene el compromiso de la Administración autonómica de divulgar toda información relevante que genere en el ejercicio de sus competencias.
En cuanto a las entidades del sector público autonómico que no publican su información a través del Portal de Gobierno Abierto, es reseñable para Quintana el grado de observancia de sus obligaciones por las cuatro universidades públicas de la Comunidad; en cambio, respecto a las fundaciones públicas, sigue existiendo una gran heterogeneidad en su nivel de cumplimiento, si bien debe ser destacado de nuevo el esfuerzo realizado por algunas de ellas para que su publicidad activa se adapte a lo exigido en las normas jurídicas.
Respecto a las entidades integrantes de la administración local, se mantiene la coexistencia de dos realidades: una, integrada por las diputaciones provinciales y ayuntamientos de mayor tamaño, donde se cumple de forma aceptable la normativa de transparencia; y otra que se corresponde con los pequeños ayuntamientos, que son la inmensa mayoría en la Comunidad, y con los entes locales menores, «pues en ellos la observancia de la normativa de transparencia es extremadamente limitada».
Con referencia a las diputaciones y ayuntamientos de mayor tamaño a pesar de apreciar un alto grado de cumplimiento de las obligaciones legales de publicación de información, se ha constatado que continúan abusando de la utilización del formato PDF, es decir, un formato no reutilizable, y solo excepcionalmente se garantiza el acceso a la información a personas con discapacidad.
En cambio, se ha vuelto a constatar que numerosos ayuntamientos de menos de 7.500 habitantes omiten, total o parcialmente, la publicación de las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales.
Del conjunto de corporaciones de derecho público Quintana ha destacado que, en términos generales, el grado de observancia de las obligaciones de publicidad activa por parte las Cámaras de Comercio.
En cuanto al cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información, se ha advertido, por segundo año consecutivo, un ligero incremento del número de solicitudes de información pública dirigidas a la Administración General autonómica, incremento en el que es posible que, entre otras causas, hayan incidido las facilidades ofrecidas para la presentación de las solicitudes por vía electrónica y la coordinación e impulso de la tramitación de los procedimientos correspondientes por parte de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno.
En cuanto al grado de estimación de las solicitudes de acceso a la información requerida, se ha constatado que el 73 por ciento de las solicitudes cuya presentación ha sido conocida por este Comisionado, con motivo de la elaboración de la Memoria, fueron estimadas; porcentaje que, pese a que haya descendido respecto a 2019, todavía cerca de 3 de cada 4 peticiones de información que fueron calificadas como tales resultaron estimadas.
«Un porcentaje de estimaciones que continúa siendo alto, lo que revela la importancia de que las solicitudes de información pública, con independencia de la forma en la que sean presentadas y de su autor, sean tramitadas de conformidad con el procedimiento legalmente previsto», ha aseverado Quintana.
Por último, ha señalado que en la Administración autonómica ha crecido levemente el número de peticiones de información recibidas, con un porcentaje ligeramente superior al 73 por ciento.
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