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El Procurador del Común, preocupado por la falta de respuesta en el 5,6% de sus resoluciones: “Es una desconsideración”

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VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS)

El Procurador del Común, Tomás Quintana, ha manifestado, “una vez más”, su preocupación por que 39 de sus resoluciones –el 5,61 por ciento de las 695 emitidas–, no hayan tenido respuesta por parte de las Administraciones a las que se ha dirigido, lo cual considera una “desconsideración” tanto hacia la institución como hacia los ciudadanos.

“Aunque no han sido muchos los casos en que finalmente se ha producido esa situación, han supuesto no solo una falta de aprecio hacia el trabajo realizado por la institución, sino también el incumplimiento de un deber legal; pero, sobre todo, una de desconsideración hacia el ciudadano que ha presentado la queja y que, con todo el derecho, espera una respuesta de la Administración a la resolución emitida por el Procurador del Común”, ha criticado Quintana.

Asimismo, ha reparado en que los entes locales y, en particular, los de menor tamaño, son más renuentes a aceptar las resoluciones de la institución que el resto de Administraciones, incluso a colaborar con el Procurador del Común mediante la emisión de los informes solicitados, una deficiencia que Quintana ha atribuido a la ausencia, al menos en muchos casos, de la figura del secretario.

Así lo ha indicado este martes durante su comparecencia ante el Pleno de las Cortes para presentar el informe correspondiente al año 2019, que ha estado marcado por el Covid-19, una intervención que ha comenzado, como ya lo hiciera el pasado 26 de mayo de 2020 en la presentación del anterior informe, transmitiendo sus condolencias a familiares y amigos de los fallecidos desde entonces a causa del terrible virus que “todavía sigue azotando”.

En consecuencia, por lo que concierne al presente Informe Anual, ha explicado Quintana, todo el año 2020, excepto las primeras semanas del mismo, el trabajo del Procurador del Común, aunque no ha sido ajeno a los asuntos que de forma más habitual plantean los ciudadanos, ha estado marcado por la crisis sanitaria, y desde el primer día en que, a mediados de marzo, se oficializó la existencia de la pandemia ocasionada por el SARS-Cov-2, se asumió la idea de que formaba parte de su responsabilidad prestar a sus conciudadanos, “con la máxima entrega”, toda la ayuda que fuera posible.

Por ello, la institución pasó a compartir con la ciudadanía el desasosiego que produjo la primera ola de contagios a partir de las quejas recibidas o bien actuando de oficio. Así, del total de las 6.248 quejas recibidas en 2020, 1.766 estaban relacionadas con la crisis sanitaria provocada por el virus, lo que representa el 28,27 por ciento del total de las quejas presentadas. En lo referente a las actuaciones de oficio, del total de las 94 iniciadas en 2020, 41 lo han sido sobre cuestiones relativas a la pandemia, lo que representa el 43,62 por ciento.

Entre otras dificultades planteadas por la irrupción del Covid-19, Quintana ha destacado las carencias de medios de protección frente al contagio de personas situadas en primera línea de lucha frente a la pandemia; los inconvenientes del drástico confinamiento para muchos alumnos o los problemas en residencias de mayores, que “han puesto en tela juicio la capacidad del modelo residencial”.

No obstante, también ha resaltado que otra gran parte de sus actuaciones en materia de Sanidad se ha referido a “problemas crónicos” del sistema, “sobre los cuales se ha proyectado la pandemia sufrida, agravándolos”. En este sentido, se ha referido a las quejas sobre la asistencia sanitaria en el medio rural, en particular, motivadas por el cierre de los consultorios locales durante el periodo de confinamiento y, sobre todo, por la falta de reapertura con posterioridad.

Otro de los “problemas endémicos” de la Sanidad en Castilla y León, ha apuntado Quintana, son las listas de espera, que “también se ha agravado como un efecto más de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 debido a la suspensión, durante meses, de una gran parte de la actividad prestacional”; “suspensión que, si bien se pudo entender por parte de la ciudadanía como un efecto inevitable de la irrupción de la pandemia”, una vez levantado el primer confinamiento se recibieron quejas demandando la reanudación de las prestaciones sanitarias; un asunto que preocupa al Procurador del Común, “especialmente, máxime a la vista de las sucesivas olas de contagios y las negativas consecuencias que ello tiene sobre las listas de espera”.

Por último, Quintana ha recordado que la Procuraduría promovió tres actuaciones de oficio en relación con la transparencia pública y con la crisis sanitaria generada por la pandemia, pues considera que “la transparencia de los entes públicos no solo no debe debilitarse sino, muy al contrario, ha de fortalecerse; en especial en relación con aquellas cuestiones relativas a la protección de las personas y al resto de medidas adoptadas para hacer frente a la Covid-19”.

Los objetos fueron, en un caso, la publicación de los contratos públicos relacionados con la Covid-19 como cumplimiento del deber de publicidad activa, publicación que se estaba realizando pero sobre la que sugerimos alguna mejora; y en las otras dos actuaciones de oficio, para conocer el ejercicio del derecho de acceso a la información pública durante la vigencia de la declaración del primer estado de alarma sobre temas relacionados con la crisis sanitaria, actuaciones que permitieron comprobar que la Administración estaba cumpliendo con el deber de información en tiempo y forma ante las solicitudes recibidas.

Por todo ello, Quintana ha agradecido la labor del personal que presta sus servicios en la institución, cuyo “esfuerzo y especial dedicación” ha destacado, especialmente “durante en el transcurso de un año tan aciago”, consciente de su responsabilidad ante la sociedad que les da soporte y a la que tienen el “inquebrantable compromiso de servir”, porque a ella, en definitiva, se deben.

De igual modo, ha reconocido expresamente el esfuerzo de colaboración realizado entre el Procurador del Común y las administraciones públicas para cumplir con sus requerimientos, pues a ellas se ha dirigido la institución, “incluso en los momentos más complicados”, para pedirles información sobre asuntos que, en muchos casos, eran “extraordinariamente delicados”, y para los que requerían respuesta “en un corto espacio de tiempo”, a la vista de la urgencia de muchos de los temas tratados.