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CCOO llevará a los tribunales y a Trabajo las insuficiencias e ilegalidades del operativo contra incendios

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El sindicato toma la decisión ante la falta de negociación “absoluta”, la normativa desactualizada y reitera que es insuficiente y precario

VALLADOLID, 22 (EUROPA PRESS)

Comisiones Obreras ha anunciado que llevará a los tribunales la normativa que regula el operativo de extinción de incendios de Castilla y León por ser inadecuada e incluso cuenta con una instrucción que considera ilegal y denunciará ante la Inspección de Trabajo todas las condiciones de los centros de trabajo, con la petición de cierre de aquellos que no cumplan las más mínimas condiciones.

Así lo ha anunciado el responsable de Sector Autonómico de la Federación de Servicios Públicos de CCOO Castilla y León, Ernesto Angulo, en una rueda de prensa acompañado por el coordinador de Medio Ambiente en el Sector Autonómico, Ricardo Fernández; y el responsable de funcionarios del mismo, José Ramón Jiménez.

Angulo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha afirmado que en Comisiones ya están “cansados” de denunciar públicamente todos los años lo mismo y consideran que ya hay que dar pasos “reales” para solventar la situación. “Si no es por el dialogo será por vía judicial e Inspección de Trabajo”, ha señalado.

Así, ha concretado que van a denunciar todas las condiciones de los centros de trabajo y para “el que no cumpla las mínimas condiciones” se pedirá el cierre. “No vamos a seguir más años avisando sin hacer nada”, ha aseverado.

Por otro lado, recurrirán a la vía judicial con una instrucción de mayo que consideran “ilegal” porque establece condiciones laborales que no se han negociado y que llegan a incumplir el Estatuto de los Trabajadores.

En cuanto a los decretos, los responsables sindicales han explicado que el primero data de 2004 y se modificó en 2007, pero ya no responden a la realidad, pero además se incumplen por parte de la Junta y se dan situaciones como el hecho de que cuando no es verano, época en la que se producen el 60 por ciento de los incendios, ese decreto “no regula nada”, lo que motiva que no se sepa qué hacer y cómo actuar, como ha ocurrido en el último fuego importante declarado en Salamanca.

“El decreto deja a la Administración coja, sin operativo y sin regulación, incumpliendo guardias que se las tiene que inventar”, ha asegurado José Ramón Jiménez.

FALTA DE DIÁLOGO

Los responsables de CCOO han explicado que se toma la decisión tras años de denunciar públicamente lo mismo y sin que haya habido diálogo alguno a pesar del compromiso del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones en 2017 y se sigue con un operativo “precario” e “insuficiente” y, como siempre, se llega “tarde y mal” a los incendios.

Angulo ha afirmado que se sigue con un operativo poco preparado, sin medios necesarios, con “carreras y apretones” como en Salamanca, y aunque el consejero se comprometió a abordar un nuevo decreto y un nuevo Infocal, que data de 1999, no se ha producido y se mantiene una normativa que es “de otros tiempos”.

Pero además ha vuelto a insistir en que, como otros años, se mantiene la alta temporalidad, con una interinidad de cerca del 50 por ciento de media, pero que en algunos casos llega al 76 por ciento como los trabajadores de torretas y autobombas o los centros de mando, donde la interinidad roza el 70 por ciento o los ingenieros, con un 50 por ciento con contrato laboral y con funciones que no les competen por no ser funcionarios.

Angulo ha detallado que en el operativo propio de la Junta hay 200 ingenieros de montes e ingenieros técnicos forestales; 140 celadores de medio ambiente con más de 40 vacantes en este grupo; y 750 agentes medio ambientales cuando en la relación de puestos de trabajo (RPT) hay 1.050 plazas, por lo que hay 300 vacantes, un 30 por ciento.

En total hay 778 fijos discontinuos (escuchas, conductores y peones de montes), un 76 por ciento de ellos interinos, 65 conductores y 70 personas en centros operativos de mando provinciales y autonómico con una alta interinidad.

De esta forma, hay cerca de 2.000 empleados públicos de la Junta en un operativo que ha asegurado que es “muy profesional” porque se juegan la vida en cada incendio pero en “condiciones laborales tercermundistas” con precariedad entre interinos, fijos discontinuos y contratados en fraude de ley”.

Angulo ha recordado que el sindicato ya ha pedido en muchas ocasiones que tiene que haber un servicio de emergencias globales, que incluyan actuaciones invernales, incendios, y cualquier tipo de catástrofe y no hay una regulación de las emergencias, por lo que “no puede pasar más tiempo sin hacerlo”.

MÁS INVERSIÓN

Además, el responsable de Comisiones ha recordado que junto a las mejoras laborales, un operativo público y permanente todo el año, en esta ocasión también se incide en la necesidad de un “significativo” aumento de inversión, en un año en el que “por fin” hay presupuesto. En este caso se pide aumentar la partida actual, que es aproximadamente la mitad de los 460 millones que había en 2008, en 20 millones en 2022 y en 30 al año siguiente.

Ernesto Angulo ha solicitado que con los nuevos presupuestos se tenga en cuenta la pérdida de inversión desde 2008, se vuelva a aquellos tiempos y con un operativo todo el año, con personal fijado en localidades, todo el año y con personal propio, como en todas las comunidades porque Castilla y León es “la excepción”.

“Las competencias en montes y bosques son exclusivas de la Junta y no puede mirar para otro lado”, ha aseverado.

En este contexto, José Ramón Jiménez ha afirmado que la situación actual es que el operativo está en una situación de “alegalidad” nueve meses al año y no se mejoran las condiciones pese a que el cambio climático “existe” y se ve “con meridiana claridad” en la época de verano y más peligrosidad, que se ha “modificado terriblemente” y ya no dura tres meses sino más bien cinco, tal y como muestran los datos climáticos “y la Junta no lo afronta”, aunque suponga un riesgo para el operativo por las carencias e insuficiencias.

Como ejemplo “paradigmático” ha señalado que la intervención de la Unidad Militar de Emergencias no está prevista en el actual marco legal en Castilla y León y exige cambiar la tipología de los incendios a categoría 2, que no es la adecuada ni la prevista, según Jiménez.

Precisamente es este marco de irregularidades legales el que CCOO pidiendo a la Junta que la actualice, que la adecue a la realidad y no recaiga en sus trabajadores “la carencia de iniciativa política para afrontar esto”.

Por su parte, Ricardo Fernández también ha incidido en que en todas las comunidades autónomas e incluso el Estado se está consiguiendo el reconocimiento de la categoría de bombero forestal para todos los trabajadores que participan en labores de extinción, que cubre no sólo los accidentes sino que tiene en cuenta coeficientes reductores, la jubilación anticipada y todo lo que supone una actividad de riesgo.