MADRID/TOLEDO, 27 (EUROPA PRESS)
Gobierno y comunidades autónomas han aprobado este miércoles en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el primero presencial tras la pandemia, el reparto de 50 millones de euros para hacer las viviendas accesibles en todo el territorio nacional.
Tal y como ha detallado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, a Castilla-La Mancha le corresponden 2,5 millones de euros» y esta cantidad está dirigida a actuaciones «en viviendas de personas mayores, personas con discapacidad y personas con dependencia».
Según dicho reparto, al que ha tenido acceso Europa Press, las comunidades que más fondos reciben son: Andalucía, con 8 millones de euros; Cataluña, con 7,5 millones de euros; la Comunidad de Madrid, con 5,4 millones; la Comunidad Valenciana, con 4,8 millones; y Galicia, con 4,2 millones.
Mientras, las que menos fondos reciben son: Navarra, con 637.548 euros; Cantabria, con 719.227 euros; La Rioja, con 350.553 euros; y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 78.099 y 76.953 euros, respectivamente. El reparto se ha realizado teniendo en cuenta criterios como la población potencialmente dependiente, la superficie, la dispersión, la insularidad y la capacidad económica.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha destacado que este ‘Fondo para una vivienda accesible’ servirá para que todas las comunidades autónomas puedan gestionar las convocatorias de ayudas a propietarios y propietarias y comunidades de vecinos.
«Estoy segura que este reparto supondrá un avance definitivo para la eliminación definitiva de todas las barreras, permitiendo que las personas mayores, con discapacidad y las personas en situación de dependencia puedan vivir donde ellos desean y de la forma que ellos y ellas decidan», ha subrayado.
La accesibilidad, según ha añadido Belarra, ha sido «uno de los objetivos fundamentales de la Ley de Vivienda» que fue aprobada este martes en primera vuelta por el Consejo de Ministros. «En ella, como saben, hemos puesto en un lugar central la accesibilidad dentro de la definición de una vivienda digna y adecuada; y conforme a eso hemos establecido la obligación de todas las administraciones de poner medidas para garantizarla en todo el parque de viviendas», ha explicado.
De su lado, la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha ha asistido a la reunión en la que se han tratado asuntos en el orden del día concernientes a Dependencia y Discapacidad sobre los que, desde el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, se han expuesto las necesidades y requerimientos propios del territorio.
El primero de los asuntos abordados ha sido el relativo a la presentación del informe de seguimiento de actuaciones relativas al Plan de Choque en Dependencia. En este punto es donde la consejera de Bienestar Social ha trasladado al Gobierno central la necesidad de seguir incrementando la financiación del Sistema de la Dependencia en corresponsabilidad con las comunidades autónomas hasta alcanzar un equilibrio en estas aportaciones entre ambas administraciones.
Ya que, como ha recordado Bárbara García Torijano, «desde el Gobierno de Castilla-La Mancha aportamos este año 438 millones de euros, frente a los 107 millones de euros que aporta el Ministerio», por lo que ha abogado por esa corresponsabilidad al 50 por ciento con el objetivo de reforzar el Sistema de Dependencia y las prestaciones y recursos que se ponen al servicio de los ciudadanos.
En relación al impacto del plan de reducción de las listas de espera, que ha sido otro de los puntos a tratar en el marco de la reunión del Consejo Territorial, García Torijano ha insistido en el incremento de financiación necesario para seguir avanzando en este sentido, como se viene haciendo desde el Gobierno de Castilla-La Mancha ya desde el año 2015.
«Nos encontramos con más de 26.000 expedientes pendientes de Plan Individualizado de Atención (PIA) sin resolver y, a día de hoy, son ya 2.500 los que quedan por resolver, con lo cual hemos hecho una reducción importante en la lista de espera, pero entendemos que tenemos que seguir trabajando en ese camino», ha afirmado la consejera.
DISCAPACIDAD
En lo tocante al ámbito de la Discapacidad, el pleno del Consejo Territorial ha puesto sobre la mesa el borrador del Real Decreto para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, una vez ya incorporadas al mismo las aportaciones de las comunidades autónomas.
Desde Castilla-La Mancha se ha incidido en la necesidad de «crear unas pasarelas de valoración tanto de dependencia como de discapacidad con un doble objetivo, reducir la lista de espera de valoración y ponérselo más fácil al ciudadano para que no tenga que repetir el proceso en caso de pedir las dos valoraciones».
Así lo ha explicado la titular de Bienestar Social, afirmando que es un documento sobre el que «se lleva ya trabajando varios meses y todas las comunidades autónomas coincidimos en la importancia de reducir los tiempos para que las prestaciones y las calificaciones de grados de reconocimiento lleguen a los ciudadanos lo antes posible».
Como aportaciones a esta modificación de baremo, desde Castilla-La Mancha se ha propuesto al Ministerio que su implantación sea progresiva, dando un tiempo a su adaptación, que vaya unida a un aplicativo informático potente y que se realice una formación previa a todos los profesionales implicados, entre otras sugerencias, con el objetivo de que la nueva herramienta de valoración sea un mecanismo que agilice y que ayude a que todas las solicitudes puedan resolverse en tiempos adecuados.
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