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Piden cinco años al responsable de un club de alterne por no dar de alta a trabajadoras

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El fiscal también solicita la clausura temporal del local

SANTANDER, 20 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Provincial de Cantabria celebrará el próximo miércoles, 23 de junio, un juicio por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, en el que el responsable de un club de alterne está acusado de no dar de alta en la Seguridad Social a una veintena de empleadas del local, algunas de ellas extranjeras y sin permiso de trabajo.

El hombre, reincidente, ya que ha sido condenado anteriormente por el mismo tipo delictivo, se enfrenta como responsable de la empresa que gestionaba el club a cinco años de cárcel que pide para él la Fiscalía, que también solicita la clausura temporal del local durante seis años.

La vista se celebrará a partir de las 10.00 horas en la Sección Tercera de la AP, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.

Según el escrito de la Fiscalía, en el local trabajaban de forma habitual unas 25 personas, sin que «la gran mayoría» de ellas estuvieran dadas de alta en la Seguridad Social, y siendo algunas extranjeras «sin permiso de trabajo».

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Todo ello, «conociendo el acusado tanto la obligación de alta laboral de cualquier trabajador como la ilegalidad de la contratación de personas sin permiso de trabajo», subraya la acusación pública.

En una inspección realizada por el Grupo Operativo de Extranjeros junto a subinspectores de la Seguridad Social se identificaron a 25 personas y 17 de ellas carecían de alta en la Seguridad Social. Además, cuatro ejercían alterne y carecían de autorización para trabajar.

DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Para la acusación pública, los hechos constituyen un delito contra los derechos de los trabajadores, con la concurrencia de la agravante de reincidencia, ya que el acusado había sido condenado anteriormente por el mismo delito.

La pena solicitada para él asciende a cinco años y medio de prisión y multa de 7.200 euros. El ministerio fiscal también pide la clausura temporal del establecimiento durante un plazo de seis años.


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