El consejero de Presidencia anuncia el inicio de los trámites legales de la norma, con la que espera reforzar la prestación del servicio de los bomberos
El Gobierno de Cantabria elaborará en la presente legislatura una nueva ley reguladora de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios (SEPIs), cuyo objetivo será reforzar la prestación del servicio público de bomberos y la coordinación entre los diferentes parques existentes en la Comunidad, autonómicos y municipales.
El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha presentado en una rueda de prensa las principales líneas de la futura norma, que saldrá mañana a consulta pública en el Portal de Transparencia, un proceso inicial en el que el Gobierno quiere recabar la opinión ciudadana, pero también de las organizaciones profesionales y agentes implicados.
Con este mimo objetivo, se convocarán mesas de trabajo específicas con los profesionales, ayuntamientos y sectores interesados para que aporten sus ideas, criterios y objetivos que tienen con esta ley. El Gobierno procede ahora al análisis de otras leyes autonómicas en la materia y ha adelantado que Cantabria adoptará las soluciones que se hayan considerado «más adecuadas».
«Aunque haya intereses contrapuestos, respondemos a una demanda histórica y sería conveniente que la ley gozara del máximo consenso», ha valorado.
De la Sierra se ha referido en su intervención al cumplimiento del compromiso del Gobierno autonómico con los bomberos, que demandaban esta ley desde hace muchos años y existe, además, un acuerdo generalizado de instituciones públicas y servicios para acometer su redacción.
«Hemos demostrado que el equipo de la Consejería de Presidencia y en el ámbito de Protección Civil se cumple y tenemos voluntad de cumplir con todo aquello a lo nos hemos comprometido con los ciudadanos», ha remarcado.
Norma común para 300 bomberos
De la Sierra ha señalado que la Consejería de Presidencia asumirá así la redacción de una «ley común» a todos los servicios de bomberos, dentro de sus competencias de coordinación, aunque ha asegurado el respeto «absoluto» a la autonomía de los ayuntamientos para la organización de estos servicios y, en especial, ha citado a los de Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, que cuentan con parque municipal, y a Camargo y Piélagos, que deben contar con este servicio al superar los 20.000 habitantes.
En este sentido, ha explicado que se ordenará la actividad que realizan los bomberos, sus aspectos comunes y también las singularidades del régimen estatutario de su personal. La norma afectará a unos 300 bomberos,175 municipales y 120 dependientes del Gobierno de Cantabria.
Así, se establecerá una regulación detallada de los diferentes servicios de emergencias, reforzando su carácter público, y se recogerán aspectos básicos como la condición de autoridad pública, la uniformidad, el equipamiento e identificación profesional y el régimen del personal que compone dichos servicios. Entre ellos, la clasificación profesional, el régimen de ingreso, la promoción interna, la formación, la regulación de la segunda actividad y un régimen disciplinario, entre otros.
Se trata, ha dicho De la Sierra, de que la Comunidad Autónoma de Cantabria «homogenice» las distintas prestaciones y las condiciones laborales y profesionales de los bomberos.
Con este mismo objetivo, se prevé la creación de un órgano de composición multilateral, en el que se integren representantes de todos los organismos con competencias en el ámbito de las emergencias. En él se fijarán criterios homogéneos que faciliten la coordinación interadministrativa, la utilización de los diferentes sistemas de comunicación de emergencias y decidirá sobre las homologaciones del material técnico utilizado por cada servicio de bomberos.
Este órgano será el encargado de estudiar y aplicar las novedades normativas que afecten a este ámbito, las medidas de prevención de riesgos y las últimas técnicas de atención de las emergencias, entre otros ámbitos.
El consejero de Presidencia ha mostrado su convencimiento de que la norma reforzará el carácter público de estos servicios y servirá como instrumento para garantizar una mayor coordinación, mejores medios y un desarrollo adecuado de las competencias profesionales de los bomberos. «En consecuencia, propiciará mejorar la calidad del servicio y la seguridad de la ciudadanía de Cantabria», ha concluido.
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