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Intervención de la Consejera de Presidencia, Rita Camblor

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Junta General del Principado de Asturias

Comparezco a petición propia para exponerles la configuración de esta renovada y transversal Consejería de Presidencia, y para compartir con ustedes algunas de las líneas que marcarán el programa de actuación en estos próximos cuatro años. Pensamos que se trata de un programa realista, ambicioso y consecuente con la realidad social, pero siempre comprometido con las necesidades de los asturianos y asturianas, especialmente con la ciudadanía que más nos necesita. Intentaré resumir todo lo posible las líneas de actuación, proyectos y compromisos a desarrollar por mi departamento. Tenemos por delante una larga sesión, que en cierta manera marcará el inicio de una legislatura en la que queremos mejorar muchos aspectos de la vida de la ciudadanía, por eso me pongo a su entera disposición para acudir a este Parlamento, máxima expresión de la voluntad popular asturiana, cuantas veces lo consideren oportuno. Cuenten ustedes con mi colaboración y con la de todo mi equipo. Les aseguro que para nosotros su control no es solo una obligación, es un ejercicio al que nos sometemos pensando en la capacidad de acuerdo y de aportaciones del resto de grupos políticos. Esta será nuestra palabra y nuestro compromiso. Nuestro programa está basado en una clara voluntad de diálogo y cooperación con el conjunto de la ciudadanía, con ustedes, con el resto de las administraciones, asociaciones, sindicatos y otros agentes sociales que muestren su voluntad de trabajo para perfilar y construir la mejor Asturias, la que deseamos y con la que estamos absolutamente comprometidos. Acudo acompañada del que será mi equipo en los próximos años. Se trata de personas que provienen de diferentes ámbitos económicos y sociales, y considero que constituyen una muestra representativa de la realidad asturiana. Juntos abrimos una etapa y con ellas quiero manifestar mi confianza plena en la labor del conjunto de empleados públicos que forman parte de nuestra estructura orgánica y que, con su trabajo y constancia, nos demuestran día a día el enorme potencial de la Administración del Principado. A todos ellos les agradezco desde ya su colaboración, entrega, profesionalidad, rigor y dedicación. Y les transmito que son una parte esencial de las soluciones a los problemas y las mejoras que debemos seguir afrontando. Antes de entrar en materia, permítanme que me refiera a la estructura de la consejería, que amplía sus competencias asumiendo las materias de Función Pública y Estrategia Digital. Quiero dejar constancia de la creación de una Viceconsejería de Justicia y de la apuesta de este gobierno por la cooperación al desarrollo y las políticas de juventud, que adquieren rango de dirección general. De la Viceconsejería de Justicia dependerán directamente las direcciones generales de Función Pública y Sector Público, Seguridad y Estrategia Digital. Las tres direcciones generales restantes que integran este departamento son Administración Local; Emigración y Memoria Democrática, y Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030; esta última tendrá entre sus cometidos fundamentales la consecución de los objetivos planteados para el desarrollo sostenible. Una estructura que, como ven, responde a criterios funcionales y a la búsqueda de la eficiencia, sin renunciar a dar prioridad, como decía con anterioridad, a aquellas políticas que por sí mismas requieren una acción transversal de gobierno. Justicia La justicia, señorías, es un servicio esencial y una herramienta indispensable para la libertad y la vida en sociedad. La mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia para ofrecer un servicio público más ágil, de más calidad y que satisfaga las expectativas de la ciudadanía, forma parte de las prioridades del Gobierno de Asturias. En este marco, promoveremos una serie de actuaciones relacionadas con la modernización tecnológica, la mejora y ampliación de las infraestructuras, el incremento en la dotación de medios humanos y materiales y la atención de las necesidades de los profesionales. Comprometidos plenamente con el proceso de modernización de la justicia, una de las principales actuaciones que seguiremos desarrollando es la implantación del expediente judicial electrónico; es decir, el establecimiento de las herramientas, los medios y los procedimientos para avanzar en una justicia sin papeles. La implantación de la justicia digital conlleva un importante ahorro en recursos, y una simplificación de la gestión documental, lo que repercutirá en mayor celeridad de las resoluciones y, en consecuencia, en una reducción de los tiempos de espera. El expediente estará en funcionamiento antes de que finalice el año. El pasado mes de agosto iniciamos el desarrollo de las actividades formativas en las sedes judiciales, comenzando por el Instituto de Medicina Legal de Asturias. A lo largo de esta legislatura impulsaremos un programa de renovación de equipos informáticos de los órganos judiciales y fiscales, al tiempo que dotaremos de personal de informática a las principales sedes judiciales, con el fin de resolver con agilidad los problemas relacionados con el uso de las nuevas tecnologías. La renovación de los sistemas de grabación de vistas, que ya se ha realizado en las 52 salas de los órganos judiciales de Oviedo y Gijón, es otra de las mejoras que estamos introduciendo. Durante este mandato, ampliaremos este nuevo sistema de grabación, más moderno y eficaz, al resto de órganos judiciales, completando así la renovación tecnológica de todas las salas de vistas de los juzgados y tribunales asturianos. A finales de este año, habrán finalizado las obras de la nueva sede judicial de Luarca, un edificio que duplica el espacio disponible y que ofrece unas instalaciones modernas, amplias, accesibles y confortables. Otro de nuestros objetivos prioritarios en esta materia será la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Langreo, que supondrá la unificación de las tres sedes judiciales actualmente dispersas por el municipio. También realizaremos un riguroso estudio económico y de ubicación para valorar la concentración de las distintas sedes judiciales de Oviedo. Las posibilidades que estamos analizando son varias y requieren, como he dicho, de un estudio más profundo. Otro ámbito de actuación prioritario es la supresión de las barreras arquitectónicas. En este sentido, estableceremos un calendario anual para acometer estas actuaciones, de manera que en los próximos años todas las sedes judiciales sean plenamente accesibles. La creación de un archivo territorial será algo inminente, pues ya hemos autorizado gasto para la contratación de una empresa que ejecute la prestación del servicio de recogida, archivo y custodia de fondos documentales de los órganos judiciales, para la ordenación, tratamiento, recogida, archivo y custodia. En el ámbito de los recursos humanos, con la entrada en funcionamiento de las comunicaciones electrónicas a través de Lexnet, se ha dotado a los decanatos de Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Langreo y Siero de nueve personas de refuerzo y se han aprobado tres prolongaciones de jornada a personal de los juzgados de Lena, Laviana y Grado. Asimismo, como medida de apoyo en materia de personal se cuenta con tres trabajadores más de refuerzo en la Fiscalía, en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia y en el Decanato de Oviedo. También el juzgado especializado en cláusulas suelo ha sido reforzado con seis personas más. La actualidad informativa nos ha traído estos días nuevos casos execrables de violencia machista. La lucha contra esta lacra es una prioridad para este Gobierno. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Gijón, que soporta un número muy elevado de asuntos, ha visto incrementada su plantilla con un gestor y un tramitador más, igualando así la dotación de personal del juzgado del mismo tipo de Oviedo. Con las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género pretendemos dar una respuesta específica a este fenómeno que exige una actuación especializada por parte de los profesionales, de modo que permita realizar un análisis global del problema y favorecer actuaciones de protección a las víctimas. Una resolución aprobada el 11 de febrero de 2019 contempló la creación de unidades de estas características: una en Oviedo y otra en Gijón, que desarrollan sus funciones en las sedes del Instituto de Medicina Legal de ambas localidades. No obstante, el ámbito territorial de actuación abarca todo el territorio asturiano. Esto supone que todos los órganos judiciales del Principado, así como la Fiscalía, podrán solicitar la valoración integral a la unidad correspondiente. En este apartado de recursos humanos destaca el aumento de los equipos psicosociales en el ámbito de familia. Tras la creación, a finales de 2018, de un nuevo equipo en la sede judicial de Mieres, Asturias cuenta ahora con cuatro equipos y próximamente aprobaremos la creación del quinto, así como la figura de un coordinador para todos ellos. Adicionalmente, pretendemos incrementar las plazas de plantilla en algunos órganos judiciales y fiscales en los que el volumen de asuntos así lo aconseje. La garantía del acceso a la defensa jurídica para toda la ciudadanía es una de las prioridades del Gobierno. Antes de finalizar este año, aprobaremos un nuevo reglamento de asistencia jurídica gratuita que recoge incrementos en algunos baremos de compensación económica a los colegios de abogados y procuradores. Incluiremos también nuevos supuestos de retribución y mejoras en la tramitación del procedimiento para agilizar los pagos. En materia de Justicia del Menor, seguiremos ejecutando un plan interno para mejorar la calidad de las instalaciones en el centro de Sograndio y mantendremos el impulso a las medidas judiciales en medio abierto y las extrajudiciales. Avanzaremos en la consolidación del recurso de convivencia en grupo educativo específico sobre violencia filio-parental, cuyo número de plazas se ha duplicado de acuerdo con la demanda actual. Respecto al proyecto educativo de Sograndio, les anuncio que hemos formado un grupo de trabajo en el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, en el que participan trabajadores del centro y que tiene por objetivo la revisión del proyecto educativo contando con sus aportaciones. Todo ello con el claro objetivo de avanzar a un modelo judicial más moderno, ágil, eficaz, eficiente y también más cercano a la ciudadanía. Sector público, seguridad y estrategia digital El avance en la digitalización es ya una realidad en nuestra sociedad, en nuestros hogares y en nuestro entorno. Por eso la Administración del Principado debe avanzar en la racionalización y transformación digital, atendiendo, en particular, a la simplificación y normalización de procedimientos y cargas administrativas. El proceso de transformación digital de la Administración Pública ya ha comenzado a través de un plan específico diseñado en 2018 que contempla la utilización de las nuevas tecnologías para que la propia Administración impulse y acompañe la evolución de la sociedad y la relación con la ciudadanía. El primer paso ha sido la implantación de una plataforma de administración electrónica. Este proceso no es una simple digitalización de documentos, sino un cambio en el paradigma de los procedimientos: el paso de un modelo de “tramitación” de expedientes a otro de “servicio” público. Los próximos pasos irán encaminados a optimizar los procesos en cada uno de los servicios de las diferentes consejerías, así como a la mejora de la interoperabilidad. En este marco se encuadran una serie de proyectos ya iniciados y otros que se irán abordando a lo largo de la legislatura. La finalidad es que la experiencia de usuario sea más satisfactoria y eficaz. Queremos que la Administración digital sea el canal preferente usado por la ciudadanía, en un contexto de calidad y transparencia. En cuanto a emergencias y protección civil, a través del SEPA, hemos consolidado un modelo público de gestión integrada cuya estructura administrativa reforzaremos próximamente con un técnico jurídico especializado en contratación. Además, llevaremos a la próxima reunión del Consejo de Gobierno los nombramientos de los integrantes del nuevo consejo rector del SEPA y, de manera prioritaria, desarrollaremos la aplicación informática del 112 en colaboración con la Dirección General de Estrategia Digital. Por otro lado, ya se ha aprobado el incremento de plazas de bomberos con 16 nuevos empleados para este año. El próximo año se integrarán en la plantilla 16 más y estamos valorando la posibilidad de seguir incrementando la dotación para los próximos años. También les anuncio que estamos colaborando con la Consejería de Industria y con la Delegación del Gobierno para estudiar la posibilidad de que nuestros bomberos puedan utilizar para sus prácticas las instalaciones del Centro Experimental de San Pedro de Anes, propiedad de la Fundación Barredo, y el Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos, en Veranes. Igualmente, nos comprometemos a elaborar un plan plurianual para dotar de presupuesto que permita la renovación de los vehículos, maquinaria y equipos de trabajo del SEPA.

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