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El TSJA admite a trámite el recurso contra los cierres de actividad presentado por el PP

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OVIEDO, 26 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo registrado el pasado lunes por el PP y representantes de los sectores afectados para pedir la nulidad de los cierres de actividad económica decretados por el Gobierno del Principado en las resoluciones del 3 y 18 de noviembre del 2020.

A través de nota de prensa, la portavoz y presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, ha mostrado su satisfacción por la admisión a trámite del recurso, que ve como «un paso adelante para frenar la arbitrariedad» en la toma de decisiones por parte del Gobierno de Adrián Barbón respecto a los cierres de actividad económica.

Cierres que, según ella, han llegado siempre «sin informes técnicos justificativos» y «sin escuchar a los sectores», a los que ha generado «un grave perjuicio dejándolos prácticamente en la ruina».

Mallada ha explicado que si el recurso sale adelante, se abre la puerta a que los afectados por los cierres puedan solicitar indemnizaciones. Si este recurso prospera, al final se decretaría la nulidad de esas resoluciones, lo que podría ocasionar que los sectores que tuvieron que cerrar sus actividades pudieran reclamar la indemnización por todos los perjuicios sufridos por este cierre.

La consejería de Salud dispone ahora de un plazo de 20 días para remitir al TSJA los expedientes administrativos solicitados, según la diligencia de este órgano judicial. Esto es, para hacer llegar al Tribunal los informes técnicos justificativos a los que hace referencia el recurso.

El recurso ha sido planteado por el procedimiento ordinario para, de esta manera, recurrir tanto la resolución del día 18 como la del día 3, «puesto que fue desde la primera resolución cuando se empezó a causar el perjuicio a los sectores que tuvieron que cerrar», han indicado desde el PP.

En el recurso se solicita que se declaren nulas y no ajustadas a derecho ambas resoluciones, tanto por «falta de proporcionalidad» ante la «arbitrariedad del cierre de unas actividades frente a otras», como por «falta de motivación al no existir los informes técnicos justificativos». «En ningún momento se acredita que esos establecimientos que se cierran son los causantes del incremento de la pandemia», han sentenciado.