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El Gobierno de Asturias prorroga durante otros 8 meses la suspensión de autorizaciones para la apertura de establecimientos de juego

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– La medida permitirá realizar un estudio de la situación de la oferta, así como su incidencia sobre los hábitos de ocio

-   Luz verde a seis convenios de colaboración para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida, a la que el Principado destina este año un millón de euros

 -   Autorizados 306.511 euros para diferentes actuaciones del plan de restauración de la mina a cielo abierto de Tormaleo

  

El Consejo de Gobierno ha decidido hoy prorrogar la moratoria vigente por la que se suspendieron las autorizaciones para la apertura de establecimientos de juego en el Principado de Asturias. La ampliación será de ocho meses y no afectará a aquellas solicitudes anteriores al acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de marzo de 2019, que suspendió por primera vez las autorizaciones.

La prórroga fue una propuesta mayoritaria de los miembros del grupo de trabajo designado por el Consejo del Juego -integrado por las administraciones locales, el colectivo de ludópatas, el propio sector empresarial, sindicatos y la Administración autonómica- para llevar a cabo la planificación del sector. Dado el consenso generalizado acerca de la necesidad de ampliar el plazo de suspensión y a la vista de que la situación que motivó la decisión inicial de suspender nuevas autorizaciones se mantiene, el Consejo de Gobierno ha acordado ampliar el plazo por otro idéntico.

Este nuevo periodo permitirá realizar un estudio adecuado de la situación de la oferta real de juego, así como de su incidencia sobre los hábitos de ocio de la ciudadanía, especialmente, en el caso de los jóvenes.

El Principado sigue siendo una de las comunidades autónomas con menor oferta de juego (1 casino, 6 bingos, 27 salones de juego y 9 locales de apuestas) y de las pocas que tiene una política de publicidad restrictiva en materia de juego y apuestas y un programa de prevención de ludopatía.

El Ejecutivo autonómico continuará con una política de crecimiento ordenado y sostenible del sector sin perder de vista la necesaria protección de colectivos vulnerables, para lo que resulta necesario ampliar el plazo de suspensión inicialmente adoptado.

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