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El Gobierno de Asturias iniciará este año la tramitación de 23 proyectos de ley y 76 decretos

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OVIEDO, 26 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Asturias ha aprobado este viernes el Plan Normativo 2021, que incluye las iniciativas legales o reglamentarias que serán elevadas para su aprobación durante esta legislatura y cuya tramitación se inicia en este año, en concreto, 23 proyectos de ley y 76 decretos.

Este acuerdo, que ha anunciado el vicepresidente Juan Cofiño después del Consejo de Gobierno, “permite aumentar la transparencia de la Administración con la ciudadanía, racionalizar la actividad normativa y reforzar la seguridad jurídica”, han indicado desde el Ejecutivo.

Este plan, que se publicará en el Portal de Transparencia con el calendario previsto, se irá adaptando en los próximos meses si surgen nuevas necesidades. El texto consta de dos apartados: el primero recoge todas aquellas iniciativas legislativas y disposiciones reglamentarias cuya tramitación está ya iniciada, mientras que el segundo incluye las que está previsto comenzar en este ejercicio.

Además, el Ejecutivo aprobará antes del 31 de marzo de 2022 un informe que reflejará el grado de cumplimiento del Plan Normativo 2021, así como de sus posibles modificaciones.

Algunas de las iniciativas más destacadas recogidas en el Plan Normativo 2021 son la Ley de Medidas Administrativas Urgentes, Ley de modificación de la Ley sobre Régimen Jurídico de la Administración, Ley del Ciclo Integral del Agua o el decreto de valorización de escorias metalúrgicas.

El Principado también pretende sacar adelante la Ley de Proyectos Estratégicos, la Ley de Industria, la Ley de Educación, la Ley de Personas mayores, la Ley de Garantía de Derechos y Protección a las Personas Menores de Edad, la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo, la Ley de Actividad Física y Deporte, Ley por el que se crea la Agencia de Ciencia e Innovación y la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Por otro lado, Salud iniciará la tramitación de once decretos, entre los que se incluyen los relativos a la creación de categorías profesionales (técnico de farmacia y técnico de documentación sanitaria), la regulación del derecho a la autonomía de decisión y el conflicto de intereses del personal sanitario.

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