OVIEDO, 4 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Medidas Administrativas Urgentes. Según ha informado en rueda de prensa el vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño «este proyecto de Ley busca mejorar los plazos y trámites cuando los ciudadanos se dirigen a la Administración» y dada su importancia se pedirá la tramitación de urgencia de la misma.
Cofiño ha explicado la norma, que reducirá o eliminará trabas administrativas y mejorará la eficiencia de procedimientos, fundamentalmente en sectores con una incidencia significativa en la economía: ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio cultural.
Ha indicado que se trata de «una ley de leyes» que entrará en vigor en cuanto el parlamento le de el visto bueno, que Cofiño espera sea en septiembre cuando se reinicie el periodo. «El efecto para los ciudadanos será inmediato una vez que entre en vigor, por eso pedimos el trámite de urgencia», ha manifestado el vicepresidente del Ejecutivo asturiano.
Ha explicado que en paralelo se está tramitando una ley «ambiciosa» de empleo público, que esperan llevar al Parlamento0 a finales de este año, en torno a diciembre, y en ella se abordará la reestructuración de los recursos humanos de la Administración.
La Ley También incluye medidas de gestión presupuestaria para favorecer la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El proyecto se remitirá ahora a la Junta General para su tramitación.
POR MATERIAS
Según ha indicado Cofiño, en materia de Medio Ambiente, dado que la autorización de proyectos, planes y programas está sometida a la pertinente evaluación ambiental, para la actividad económica resulta fundamental que el procedimiento se desarrolle ágilmente y con la mayor seguridad jurídica. Por este motivo, la norma define cuándo se entenderá que un proyecto puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente, principalmente mediante cálculo porcentual. Esta medida eliminará consultas a la Administración, al tiempo que reducirá costes y cargas administrativas.
Por otra parte, el anteproyecto suprime las evaluaciones preliminares de impacto ambiental exigidas por la Ley del Principado 5/1991, de 5 de abril, de Protección de Espacios Naturales, por considerar que la legislación básica también asegura la protección en estos espacios.
Respecto a la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación del territorio, además de acortar los plazos de consulta de administraciones e interesados, se determinan los que habrán de someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria y aquellos en los que se procederá a otra simplificada.
Así, la norma establece que los estudios de detalle que desarrollen planes generales y hayan sido objeto de evaluación ambiental no precisarán tramitar otra estratégica.
Para dar cuenta de la importancia de esta cuestión, Cofiño ha manifestado que en esta área, se gestionaron en 2019 en torno a 60 procedimientos de evaluación ambiental de planes y programas, 100 de evaluación preliminar de impacto ambiental y 200 de otro tipo, entre los que se incluyen, principalmente, consultas de ciudadanos promotores y de departamentos de la Administración solicitando manifestación de criterio o aclaración sobre supuestos o expedientes concretos. El número de estos procedimientos se reducirá en gran medida y los que permanezcan tendrán menor duración.
En lo referido al urbanismo, parte importante de la ley se basa en reducir y simultanear trámites en urbanismo y ordenación del territorio. Tras su entrada en vigor, los informes sectoriales (patrimonio cultural, comercio, movilidad y carreteras) preceptivos en la tramitación del planeamiento general se solicitarán en un único trámite ante la consejería competente en materia de ordinación del territorio, que emitirá un informe único en un plazo de tres meses. Con esta ley, los plazos se acortarían considerablemente y se beneficiarían, actualmente, al menos 29 expedientes de revisión-adaptación de planeamiento general en tramitación.
Además, entre otras medidas, el texto incorpora la declaración responsable para obras menores y suprime la licencia previa de instalación y funcionamiento en diversas actividades comerciales y de servicios. Tampoco será exigible licencia o autorización previa para obras ligadas al acondicionamiento de locales destinados a actividad comercial, siempre que no requieran de la redacción de un proyecto de obra.
La ley también implicará modificaciones en materia de patrimonio cultural, con el fin de agilizar la tramitación de autorizaciones y reducir plazos. Asimismo, incorporará aclaraciones que doten de mayor seguridad jurídica los procedimientos.
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