ZARAGOZA, 29 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al Proyecto de Ley del Fondo Aragonés de Financiación Municipal, dotado inicialmente con 30.650.000 euros, además de otros 400.000 euros destinados a financiar la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), en cuyo texto se contempla la participación de los municipios aragoneses en los ingresos de la Comunidad autónoma y garantiza un importe mínimo con una regulación de los incrementos de forma objetiva.
Tal y como ha explicado este jueves la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, se trata de un acuerdo «muy importante» y «esperado», que tiene como principal objetivo «dotar a las entidades locales de una seguridad, un marco normativo, una soberanía y autonomía financiera mayor y más sólidas, basada en criterios objetivos».
Es un «logro» para los ayuntamientos, algo que es de «justicia» y demuestra, una vez más, que «somos un Gobierno eminentemente municipalista», ha apostillado la consejera, para recordar que esta norma se impulsó a finales de la legislatura pasada y decayó por la convocatoria electoral.
Este Proyecto de Ley supone la desaparición del Fondo de Cooperación Municipal, dotado este año con 20.950.000 euros, y su sustitución por un Fondo de carácter incondicionado, cuyos destinatarios son todos los municipios aragoneses y cuyas reglas de distribución responden a criterios acordes con la ordenación del territorio.
Según Mayte Pérez, la pretensión del Fondo Aragonés de Financiación Municipal es que la propia financiación local esté «estrechamente ligada» al «protagonismo e «importancia» de los municipios en el marco territorial de Aragón, con un tratamiento diferenciado para las tres capitales de provincia.
El Fondo Aragonés de Financiación Municipal, del que también forman parte las capitales de provincia, está integrado por dos conceptos: una dotación y su posible incremento.
En cuanto al primer concepto asciende a 30.650.000 euros. A partir de esta dotación inicial, en el caso de los municipios la cuantía se incrementará en determinados porcentajes de ingresos no financieros, excluidos los finalistas, en razón a diferentes índices de endeudamiento relativo anual que serán determinados por el Departamento de Hacienda, sobre la base de los datos vigentes en el momento que sea preciso su cuantificación tras la entrada en vigor de la Ley.
En cualquier caso, el importe del nuevo Fondo no podrá superar el 2 por ciento del Presupuesto consolidado de la Comunidad en cada ejercicio.
En el caso de los municipios de Huesca y Teruel, ha contado la consejera, su dotación anual se verá incrementada «de manera relevante» en 400.000 euros y en 395.000 euros, respectivamente, y no participan de las mismas características y reglas que el resto de municipios, excepción que también es aplicable a Zaragoza capital.
Exceptuadas las capitales de provincia la distribución del Fondo se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes reglas: una cantidad fija resultante de distribuir por parte iguales el 40 por ciento del Fondo entre todos los municipios y el 60 por ciento restante se distribuirá con arreglo al siguiente criterio: el 75 por ciento en proporción al número de habitantes de derecho de cada municipio y el 25 por ciento restante en función de la existencia de núcleos de población diferenciados en cada municipio, de tal forma que un 40 por ciento se distribuya en igual cuantía entre todos los núcleos y el 60 por ciento en función del número de habitantes.
En definitiva, el Fondo establece un «importe» mínimo garantizado para cada municipio. Regula, además los incrementos anuales que pueda experimentar desde el momento de su aplicación fijando un límite máximo y los criterios de distribución tanto para el importe mínimo garantiza como para los incrementos.
El Proyecto de Ley se estructura en 15 artículos, distribuidos en cinco capítulos, tres disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
En resumen, Mayte Pérez ha sostenido que esta medida es una «apuesta de primer orden por el municipalismo», y para «reforzar y dar estabilidad a la Administración más próxima al ciudadano, con la que dar mayor autonomía».
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