ZARAGOZA, 23 (EUROPA PRESS)
La reforma de la Ley del Juego de Aragón continúa tramitándose en las Cortes de Aragón tras el debate de totalidad del proyecto de ley, que ha presentado la consejera de Presidencia del Gobierno autonómico, Mayte Pérez, en la sesión plenaria del Parlamento, este jueves. La cámara votará esta tarde.
Mayte Pérez ha explicado que esta reforma conllevará la prohibición de abrir o ampliar casas de apuestas a menos de 300 metros a pie de centros educativos no universitarios y de establecimientos públicos de ocio para jóvenes y menores de edad, con la intención de «intentar que a la población sensible no le resulte fácil el acceso».
Además, el Gobierno pretende incrementar la eficacia de la inspección de la unidad adscrita de la Policía Nacional y también asesorar al sector con la creación de una comisión técnica de la que formarán parte los Departamentos de Sanidad, Educación, Ciudadanía y Presidencia.
Los locales de apuestas deberán tener un control de accesos y registro de visitantes en cada una de sus puertas, los clientes deberán identificarse con el DNI para acreditar que no son menores y no están incluidos en el registro autonómicos de personas con ludopatía y, además, se restringirá la publicidad de estos establecimientos. Tampoco podrán fidelizar clientes con bonos o precios por debajo de los autorizados.
Asimismmo, las máquinas «tragaperras» no podrán emitir estímulos sonoros, visuales o lumínicos si no están en uso y los propietarios de los locales deberán conservar durante tres meses datos como la fecha de cada jugada o la cantidad apostada. Pérez ha dejado claro «el compromiso para adoptar medidas que desincentiven» esta práctica.
El objetivo de la reforma es «compaginar» la seguridad jurídica de esta actividad, «legítima y legal» con la protección de los colectivos más vulnerables, ha expuesto Pérez, apuntando que en el último año el porcentaje de personas de 14 a 18 años que han apostado al menos una vez ha pasado del 16 al 25 por ciento.
«Gran parte del problema reside en el juego ‘online’ y las apuestas deportivas», sobre lo que la Comunidad Autónoma no tiene competencias, sí sobre el juego presencial, ha continuado la consejera, quien ha avisado de que la pandemia de la COVID-19 ha situado en un segundo plano «problemas sociales latentes que obligan a la Administración a seguir alerta ante su avance».
«Ninguno de los sectores puede quejarse de que no se les haya escuchado», ha dicho Mayte Pérez, quien ha recalcado que el proyecto de ley se ha sometido a un proceso participativo «de consenso, consulta pública y deliberación».
GRUPOS
El diputado del PSOE, Darío Villagrasa, ha afirmado que este texto normativo es «mucho más actual y cercano a las necesidades administrativas, regulatorias y sociales de la Comunidad Autónoma» y que el texto es «ponderado, racional y participado». Se han presentado 176 enmiendas al proyecto de ley y se ha aceptado el 41 por ciento.
El diputado del PP, José Antonio Lagüéns, ha resaltado el «elevado grado de participación social» en la elaboración del texto y ha considerado que «la voluntad del legislador debe ser prevenir la ludopatía y proteger a los colectivos más vulnerables y desamparados». Ha comentado que las empresas de apuestas son mayoritariamente familiares y generan una recaudación fiscal de unos 35 millones de euros.
La parlamentaria de Cs, Beatriz García, ha observado que «queda fuera el juego nacional y ‘online» y ha indicado que el sector da trabajo a 2.500 personas directamente y que la ley tendrá que «complementarse» con ayudas para que las casas de apuestas puedan acomodarse a las nuevas prescripciones.
En representación de Podemos, Itxaso Cabrera, ha alertado de que España es el país de la UE con el mayor número de menores de 20 años que sufren ludopatía y que el 6 por ciento de las personas de entre 14 y 17 años reconoce tener un problema grave de adicción.
La parlamentaria de CHA, Carmen Martínez, ha llamado la atención sobre «la extensión del juego patológico, un grave problema para la persona que lo sufre y todo su entorno, un problema social que va en aumento cada año, que aparece cada vez en edades más tempranas».
Para el diputado de VOX, David Arranz, el efecto de esta ley será «limitado» en lo que se refiere a la prevención de la adicción al juego, subrayando que gran parte de las competencias corresponden al Gobierno de España. Ha destacado las «adicciones devastadoras» que genera el juego y ha emplazado a proteger a los menores.
El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha animado a «adaptar la ley a la realidad actual», recalcando que esta es una actividad «lícita, legal» y que crea empleo, al tiempo que ha abogado por proteger a los sectores más vulnerables para que sea «una práctica segura».
El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha recordado que IU ya pidió esta reforma legislativa en 2019. Ha puesto de relieve que el juego produce «infinidad de dramas personales» y ha defendido el ocio responsable y proteger a los vulnerables.
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