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La DGA habilitará una plataforma propia de datos para seguir avanzando en la implantación de la administración electrónica

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Aprobado el gasto de un millón de euros para la nueva herramienta, que evitará a la ciudadanía tener que presentar documentación a la hora de hacer trámites

El Gobierno de Aragón dispondrá de una plataforma propia de gobernanza de datos en un nuevo paso más hacia el papel cero y la implantación total de la administración electrónica. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una inversión de un millón de euros para el desarrollo, la implantación y el mantenimiento de esta nueva herramienta, que permitirá a la ciudadanía realizar trámites sin tener que aportar ningún dato o documento que ya obre en poder de alguna administración pública.

Para los datos que gestiona la Administración General del Estado y muchos de los que ofrecen las Comunidades Autónomas al resto de administraciones, existe una plataforma de intermediación de datos, mantenida por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la cual se pueden verificar o consultar los datos ciudadanos. Son más de 80 servicios lo que aportan la información, tales como el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística o la Agencia Tributaria. También las comunidades autónomas permiten la consulta de documentos, como el certificado de discapacidad, el de familia numerosa, el de escolarización… etc.

Y aunque ha sido clave para la implantación de algunos servicios de administración digital, presenta limitaciones como la imposibilidad de incorporar nuevos servicios voluntariamente o el uso propio dentro de una administración concreta, como el Gobierno de Aragón.

Por ello, el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento encargará el diseño, el desarrollo, la implantación y el mantenimiento de una plataforma propia, que permita a las distintas unidades del Ejecutivo autonómico compartir de forma ágil los datos que gestionan.

La nueva solución conjugará esta utilidad, con todas las salvaguardas y controles necesarios para que el intercambio de información se realice con las máximas garantías legales y de seguridad. De hecho, hasta la propia ciudadanía podrá controlar los datos que la Administración posee de ella y el uso que de ellos se realizan.

El contrato tendrá una duración de 36 meses, prorrogable por un plazo máximo de dos años, y un coste de un millón de euros, repartidos en tres anualidades. En 2021, se abonarán 446.028,76 euros, gracias a la tramitación anticipada; en 2022, 414.249,12; y en 2023, 185.481,57.

Esta iniciativa está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) “Construyendo Europa desde Aragón” en la actuación ‘Desarrollo de la administración electrónica’.

 

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