La directora general de Justicia e Interior, María Ángeles Júlvez, explica que la Administración del Estado descarta definitivamente la idea de crear un sistema único para todo el país.
La directora general de Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, María Ángeles Júlvez, ha participado esta tarde –en sustitución del consejero de Presidencia, Vicente Guillén- en el pleno la Conferencia Sectorial de Justicia convocada por el Ministerio en Madrid, donde se han tratado diversos asuntos en esta materia de interés común para las administraciones estatal y autonómicas.
Entre otras cuestiones, Júlvez ha destacado que “el Ministerio descarta ya definitivamente la idea de crear un sistema de gestión procesal único para todo el Estado”. “Ahora apuesta por ir a un sistema interoperable con otros, lo que coincide con lo que siempre hemos manifestado desde el actual Gobierno de Aragón”.
“De hecho –ha recordado la directora- una de las características fundamentales del sistema de gestión procesal Avantius que empezamos a implantar este último año en Aragón (ante el cúmulo de problemas que generaba el anterior sistema estatal Minerva) es precisamente la interoperabilidad”.
Júlvez ha lamentado por otra parte la confirmación por parte del Ministerio de que este año no habrá como otros una partida en los Presupuestos Generales del Estado destinada a las Comunidades Autónomas con competencias en la administración de Justicia como Aragón para mejoras tecnológicas.
Ha recordado a este respecto que en los últimos tres años se repartía una subvención estatal en torno a 6 millones de euros en total, de la que a Aragón le correspondían alrededor de 300.000, pero este año va a ser el primero en que no lleguen esos recursos finalistas.
Otro punto importante analizado en este órgano de coordinación entre el Gobierno de España y los Gobiernos autonómicos ha sido la conformidad de las CC.
AA. con la propuesta del Ministerio de crear una comisión técnica, dependiente de la propia Conferencia Sectorial, para unificar criterios en la gestión de recursos humanos de la Administración de Justicia.
Por otra parte, el ministro Rafael Catalá y su equipo han trasladado al pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia sus planes para cumplir la Ley del Registro Civil de 2011 que prevé su digitalización, si bien se ha vuelto a prorrogar la entrada en vigor de la misma, por otros dos años.
María Ángeles Júlvez ha recordado al respecto que han transcurrido sucesivas moratorias en la Ley de Registro Civil sin que el Ministerio haya cumplido con su obligación. “El Ministerio se ha visto en la necesidad de volver a prorrogar la entrada en vigor porque no se ha hecho el Registro Civil electrónico que preveía la Ley de 2011”, ha señalado.
Una demora que contrasta con el proyecto piloto que, hace apenas un mes, aprobó el Consejo de Gobierno de Aragón para digitalizar los libros de nacimientos y matrimonios desde 1950 y de defunciones desde 1935 en los partidos judiciales de Calatayud y Huesca”, como experiencia para acometer en el futuro la digitalización de los registros civiles de los 731 municipios de Aragón.
Baja resolución de demandas de cláusulas suelo
La Conferencia Sectorial ha revisado igualmente la evolución y eficacia de la medida de los Juzgados de Cláusulas Suelo puestos en marcha en su momento para afrontar la avalancha de demandas especializadas relativas a condiciones generales de la contratación de créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas.
Según los datos estadísticos aportados por el Ministerio, desde junio de 2017 hasta el día 21 de este mes han entrado en total 247.003 asuntos en toda España, de los que 7.075 corresponden a Aragón (624 en Huesca, 294 en Teruel y 6.157 en Zaragoza). Aragón se sitúa así como undécima Comunidad en España por entrada de asuntos de cláusulas suelo, y aunque habría que ver la proporción con la población, son relativamente pocas demandas, ha explicado Júlvez.
Pero más allá del número de asuntos registrados, la clave es la resolución de casos, que es muy baja en toda España. Conforme a la estadística del Ministerio, desde el 1 de junio de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018 se han resuelto 29.849 asuntos de un total de 223.449 demandas presentadas, es decir, solamente el 12,73% de los asuntos ingresados en los 9 primeros meses tras la puesta en funcionamiento de los juzgados especializados.
En la Comunidad aragonesa, a pesar del retraso en la implantación de la medida por la escasez de jueces, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha informado haber encontrado “comprensión y colaboración del Gobierno de Aragón para la dotación de los funcionarios necesarios y los medios materiales”, a diferencia de las dificultades en el nombramiento de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) por parte del Ministerio.
A pesar de las dificultades para disponer de los jueces necesarios para el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Zaragoza, a partir de junio se contará con tres jueces dedicados a la materia de cláusulas suelo, más una magistrada en comisión de servicios, además de la oficina judicial necesaria, según el TSJA.
A su vez, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Huesca va a contar a partir de ahora con dos magistrados, el titular y un refuerzo con dedicación completa. Por tanto, será a partir de este mes de junio cuando comenzarán a verse los frutos de los recursos destinados a cláusulas suelo. En el caso del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel no se aprecian por parte del TSJA problemas relevantes.
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