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El Servicio de Orientación Penitenciaria atiende 91 consultas de internos en los seis primeros meses del año

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En la mañana de hoy se ha constituido la Comisión de Seguimiento de un servicio que se presta a través de los colegios de abogados


A 91 atenciones a internos de los tres centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma asciende la cuantía de los servicios prestados a través del Servicio de Orientación Penitencia habilitado por el Gobierno de Aragón y los Colegios de Abogados de Zaragoza y Teruel en los 6 primeros meses de este año, datos que fueron conocidos esta mañana al quedar constituida la Comisión de Seguimiento del Convenio.

La Comisión será presidida este semestre por la directora general de Justicia del Gobierno de Aragón, Mª Ángeles Júlvez, y el primero de 2021 por el coordinador designado por el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, David Burgos Marco.

La propia directora general de Justicia indicó que “es de destacar y agradecer el interés de los letrados que han participado a lo largo de estos meses de pandemia en prestar este servicio buscando fórmulas alternativas para poder cumplir con las restricciones y, a la vez, seguir prestando el servicio hasta el punto que ninguna de las peticiones se ha quedado sin atender. De la misma forma, el agradecimiento se ha hecho extensivo a los responsables de los centros penitenciarios, quienes también han estado totalmente involucrados a la hora de buscar soluciones para que, pese a las restricciones, pudiera prestarse el servicio”.

Alrededor de 50 letrados se inscribieron en su momento en este servicio.

Este asesoramiento a los internos en los centros penitenciarios aragoneses se concreta en proporcionar un primer consejo orientador a la persona interna, de carácter gratuito, sobre cuestiones de naturaleza jurídica que se planteen. Entre otros campos, esto incluye el contenido del ordenamiento jurídico penitenciario español, asesoramiento de todo tipo en todos los órdenes jurisdiccionales, la justicia gratuita o, en el caso de extranjeros, tramitar el posible traslado a otro país.

Otro de los objetivos es proporcionar información sobre la posibilidad de recurrir a sistemas alternativos de resolución de conflictos, con el fin de evitar el litigio procesal.

La ejecución del convenio supone un coste para las arcas autonómicas de algo más de 186.000 euros, repartidos en los cuatro ejercicios en que estará vigente el acuerdo, a razón de 46.537 hasta la anualidad de 2023 incluida.

En el transcurso de la reunión se comunicó que ya se habían tramitado las liquidaciones de los dos primeros trimestres del año, para su abono a los letrados del servicio.

 

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