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El Gobierno de Aragón acude a la reunión del CPFF con voluntad de diálogo y con afán de avanzar en la mejora de la financiación de la Comunidad

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El consejero de Hacienda destaca la importancia de asegurar los recursos que permiten prestar a los ciudadanos los servicios esenciales

El Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, acude hoy a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la sede del Ministerio de Hacienda, con “voluntad de diálogo en la defensa de los intereses de la Comunidad de Aragón en todo lo que afecta al Sistema de Financiación Autonómica”.

El responsable de la Hacienda aragonesa se muestra convencido de que el encuentro va a permitir “recuperar la senda de la normalidad en la relación de trabajo” de las comunidades autónomas con el Ministerio que dirige María Jesús Montero.

Está previsto que en el desarrollo del CPFF se presente el informe sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria globales para todas las comunidades autónomas para 2020 y para el trienio 2021-2023 y confiamos que incorporen “la flexibilización necesaria” para que se pueda cumplir la senda de estabilidad.

De la misma manera, Pérez Anadón considera que el CPFF debe servir para “iniciar los trabajos de reforma del Sistema de Financiación Autonómica”, que es una asignatura pendiente desde 2014 y que debe plantear “un debate multilateral y con la lealtad institucional como telón de fondo”.

El día a día de las autonomías ha puesto de manifiesto que “los ingresos no están a la altura de los gastos en las comunidades”, indica Pérez Anadón; una realidad que se ha agravado después de la crisis y que urge solventar, porque las autonomías, explica, son las administraciones que soportan más gasto y las que más responsabilidad tienen en la prestación de los servicios públicos esenciales: sanidad, educación y prestaciones sociales.

El consejero de Hacienda y Administración Pública de Aragón es consciente de que estos debates que se pondrán encima de la mesa son “complejos y que no estarán exentos de tensiones”, pero confía que este espacio de relación entre las autonomías y el Ministerio de Hacienda “sirva para encontrar soluciones adecuadas, que también tendrán que alcanzar al mes de IVA de 2017 pendiente de pago”, que supone 80 millones de euros y que el Gobierno de Aragón no va a dejar de reclamar.

 

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