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El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba los nuevos objetivos de déficit y endeudamiento para las comunidades autónomas

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Las cifras aprobadas deberán ser ahora ratificadas por el Consejo de Ministros y remitidas al Parlamento para su aprobación

La última sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se ha celebrado esta mañana por procedimientos telemáticos, ha concluido con el visto bueno a los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria, que ya se votaron en una anterior sesión, celebrada el pasado mes de julio, y que, sin embargo, fueron rechazados en el trámite parlamentario. El Congreso de los Diputados rechazó la nueva senda de estabilidad y el correspondiente techo de gasto, con lo que el objetivo de déficit para 2019 se volvió a establecer en el 0,1% inicial y al 0,0% para 2020.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano de coordinación en la materia entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas, en el que ha participado la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, en sustitución del consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha fijado hoy el objetivo de estabilidad para las comunidades autónomas en el 0,3%. Los dos puntos porcentuales adicionales son fruto de la negociación que mantuvo el Ministerio de Hacienda y Función Pública con la Comisión Europea para fijar un nuevo escenario más adaptado a la actual realidad económica de España.

En este sentido, la Comunidad Autónoma de Aragón ha votado favorablemente a los nuevos objetivos de estabilidad puesto que valora “de manera muy favorable el acuerdo al que ha llegado el Gobierno español con la Comisión Europea, que permitirá una flexibilización en la senda de cumplimiento de los objetivos tanto para el Estado como para el conjunto de las comunidades autónomas”.

Nueva senda de estabilidad

El Ejecutivo autonómico confía en que el trámite que ahora se inicia permita mantener esta nueva senda de estabilidad financiera dado que, en el caso contrario, las comunidades autónomas tendrán un déficit inferior al permitido por Bruselas, que, en el caso de Aragón, supondría una reducción en el presupuesto de gastos de aproximadamente 70 millones de euros.

Asimismo, un nuevo veto a la senda presupuestaria aprobada hoy por el Consejo podría suponer no poder contar con unos 150 millones de euros de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) en el caso de que hubiera que prorrogar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En este escenario, el presupuesto de ingresos de la Comunidad Autónoma para 2019 no experimentaría incremento alguno, con lo que se pondrían en peligro los convenios de las políticas sectoriales, los salarios de los funcionarios no podrían subir el próximo año el 2% previsto; e igualmente se paralizarían las ofertas de empleo público en 2019.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera determina que los objetivos de estabilidad han de ser aprobados tanto por la Cámara Baja como por el Senado y, en caso de ser rechazada, da un mes al Gobierno para presentar una nueva propuesta, para lo que es necesario que el CPFF vuelva a reunirse para aprobar la senda correspondiente a las comunidades autónomas.

En otro de orden de cosas, Aragón también ha mostrado en el CPFF su confianza, a través de su voto vía telemática, en el hecho de que, si este objetivo se ve acompañado de mayores ingresos, “podremos continuar el trabajo que venimos realizando estos últimos años y tratar con ello de alcanzar el objetivo de estabilidad que se apruebe”. Ello, sin embargo, “no lo facilitan las consecuencias financieras que para las comunidades autónomas tendrá la aplicación del sistema de información inmediata en la gestión del IVA en la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2017, aprobado por el Gobierno anterior, tal y como se establece en el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido. Este hecho sigue siendo un aspecto que nos preocupa por la merma de ingresos que supone para las comunidades autónomas la no liquidación de un mes de IVA”.

En este sentido, el Gobierno de Aragón confía en que “pueda encontrarse una solución a este problema y también en que en esta ocasión pueda sacarse adelante el acuerdo al que se ha llegado con la Comisión, que sin duda posibilitará que continúen siendo prioritarias las políticas que permitan una mejora del estado de bienestar que se gestiona a través de las comunidades”.

Por otra parte, el Consejo de Política Fiscal y Financiera también ha dado el visto bueno a los objetivos de deuda pública para el conjunto de las comunidades autónomas en el trienio 2019- 2021, fijando dichos límites en el 23,7% del PIB para 2019, el 23,0% en 2020 y el 22,2% para 2021.

 

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