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El 67% de los habitantes de Aragón no están al tanto de sus derechos y el 45% no comprende el funcionamiento del sistema judicial, según onLygal

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ZARAGOZA, 23 (EUROPA PRESS)

El 67 por ciento de los aragoneses han asegurado «desconocer en gran medida sus derechos» y un 45 por ciento admite no saber cómo funciona el sistema judicial. Así lo recoge el estudio ‘Necesidades y percepciones sobre las soluciones legales’ elaborado por onLygal, la compañía especializada en soluciones legales de protección jurídica y servicios legales.

Las conclusiones de este estudio evidencia un claro desconocimiento del ámbito legal por parte de la sociedad. En concreto, la autoevaluación de su conocimiento sobre leyes y derechos legales sitúa la nota media en el suspenso alto, con un 4,8.

El informe, que profundiza en los conocimientos legales de los ciudadanos y sus experiencias con el ámbito legal, desvela que el 39 por ciento de los aragoneses se ha planteado emprender acciones legales en alguna ocasión. No obstante, solo el 17 por ciento asegura haberlas llevado a cabo.

Así, un 12 por ciento habría demandado a los servicios profesionales contratados si hubiera tenido recursos económicos y tiempo para iniciar un proceso judicial. El jefe o un compañero de trabajo –11 por ciento–, la empresa o los vecinos –ambos con un 6 por ciento–, o la pareja/expareja –5 por ciento– completan el listado de sujetos a los que les hubiera gustado demandar en el último año.

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«Aunque a lo largo de nuestra vida sentimos que nuestros derechos han sido vulnerados, la decisión de iniciar un proceso judicial se basa en sopesar los costes directos e indirectos con los beneficios potenciales de ganar el caso. Cuando los costes percibidos superan a los beneficios esperados se genera una barrera que nos impide emprender acciones legales», ha explicado el responsable del Centro de Atención Jurídica de onLygal, Natàlia Mañas.

En concreto, el estudio apunta a los costes económicos como la barrera principal para no emprender acciones legales, seguidos de la complejidad de los procesos; evitar problemas y estrés; la inseguridad ante cómo puede acabar la demanda, o no conocer ningún servicio legal de confianza.


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