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AVANTIUS-ARAGON coloca a la Justicia aragonesa a la cabeza de los avances telemáticos

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Las cifras de implantación del Programa ponen de manifiesto unos buenos resultados, tras un periodo de formación que en el que participaron miembros de todas las instancias judiciales


El sistema informático de gestión procesal AVANTIUS-ARAGON para propiciar que el  expediente judicial sea plenamente electrónico, desde su inicio hasta su finalización, con la sentencia judicial electrónica y la notificación electrónica a las partes a través del Portal de Servicio PSP, se ha asentado de forma definitiva en la Administración de Justicia aragonesa a tenor de los resultados obtenidos hasta el pasado mes de septiembre, unas cifras que colocan a la Comunidad Autónoma en el grupo de cabeza de los territorios con competencias en este ámbito.

Hasta el pasado mes de septiembre, el sistema AVANTIUS-ARAGON había propiciado 1.814.370 firmas digitales realizadas por magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia. En este periodo de tiempo, el número de notificaciones telemáticas remitidas por los distintos órganos judiciales y fiscalías ha ascendió a 1.792.497 notificaciones.

Este sistema supone la implantación efectiva del Expediente Judicial Electrónico de forma que, tanto la gestión interna de las resoluciones judiciales en el ámbito de los juzgados, como la realización de las comunicaciones con los profesionales del ámbito judicial, intervinientes y ciudadanos en general, pasan a ser plenamente digitales.

En esta línea de avance telemático en el procedimiento judicial se han registrado en los órganos judiciales y fiscalías de la Comunidad Autónoma 146.610 expedientes y otros 74.040 asuntos han quedado registrados en las oficinas de Registro y Reparto.

A través de AVANTIUS se han presentado 154.139 escritos iniciadores y 241.908 escritos de trámite.

“El sistema de gestión procesal AVANTUS-ARAGON nació con una vocación innovadora y con un espíritu de evolución permanente con la finalidad de adaptarse a las nuevas necesidades funcionales de los usuarios, a los cambios tecnológicos y legislativos y a los retos que la sociedad pueda plantear en el futuro más inmediato. Por supuesto, sin el esfuerzo que todos los implicados han hecho en formarse, y la gestión del cambio realizada, estos resultados hubieran sido imposibles de obtener”, indicó la directora general de Justicia del Gobierno de Aragón, Mª Angeles Júlvez.

Labor de formación previa y continua.

Los destinatarios de la formación a lo largo de 2018 fueron tanto los cuerpos generales de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia (Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y Cuerpo de Auxilio Judicial), como los colectivos de magistrados-jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y Cuerpo Nacionales de Funcionarios.

A la vez se diseñaron plantes de formación para los usuarios directamente afectados con la implantación del nuevo sistema de gestión, como han sido los Abogados, los Procuradores, los Graduados Sociales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policías Locales etc.

Señalar que cuanto el número de personas a formar y las materias a desarrollar lo justificaron estas acciones se ejecutaron de forma separada por órdenes jurisdiccionales.

En términos generales, estos ciclos alcanzaron una duración aproximada de 174 horas.

Igualmente, este año se está llevando a cabo un Plan de Formación Avanzada, también sobre el AVANTIUS-ARAGON en el que, además de incidir en las operaciones más complejas, se están abordando las mejores funcionales incorporadas desde la puesta en funcionamiento  del sistema y las previstas en las versiones que ya se están produciendo.

El Consejo General del Poder Judicial en su reunión de la Comisión Permanente de 13 de Junio de 2019, procedió a declarar obligatorio el uso del sistema Avantius-Aragón al cumplir los requisitos establecidos en la Instrucción del CGPJ 1/2018 de noviembre de 2018, siendo la primera Comunidad Autónoma de España en conseguir la certificación y validación del sistema por parte de la más alta Institución del Poder Judicial.

 

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