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Tribunales.- Las denunciantes de la Pará de Gines y el PP se oponen a las peticiones de archivo de la causa

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SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

Mientras la Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla que archive las diligencias incoadas contra el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), por las subvenciones excepcionales de su institución para la tradicional ‘Pará’ de Gines, así como respecto al resto de miembros o exmiembros de la entidad provincial afectados por tales actuaciones, las acusaciones populares que ejercen el extinto grupo municipal de Imagines y el PP han formalizado su oposición a las peticiones de sobreseimiento previamente registradas por todos estos investigados.

En el caso de la representación de las que fueran concejalas del extinto grupo municipal de Imagines en el Ayuntamiento de la citada localidad aljarafeña, denunciantes del asunto, su oposición a estas peticiones de sobreseimiento fue formalizada poco antes del verano, según ha precisado a Europa Press su abogado, toda vez que la representación del PP también se ha opuesto a estas peticiones de archivo.

En esta causa, y mediante un auto recogido por Europa Press, el juez José Ignacio Vilaplana avisaba de que desde la creación la Pará en 2006 hasta 2016, las ediciones anuales de dicha feria agroganadera promovida por el Ayuntamiento de Gines habrían sido organizadas y celebradas “sin regulación” ni “instrumento normativo alguno”, contando con varias subvenciones “excepcionales” de la Diputación, es decir ayudas “directas sin concurrencia ni convocatoria pública”, pese al carácter “planificable” del evento.

Se trata, en concreto, de tres subvenciones por importe de 6.000 euros en cada uno de los casos, más otra más por valor de 4.000 euros, todas ellas concedidas de manera “directa, sin concurrencia ni convocatoria pública”, a las que se suma una más concedida por “convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva”, según el juez.

Así, y con relación a la Diputación, el juez atisba un supuesto “mecanismo arbitrario de concesión de las ayudas, prescindiendo de los principios y del procedimiento legalmente procedentes”, pues tales subvenciones excepcionales para este evento anual y por ende “planificable” carecerían de documentación como la delegación de competencias desde la Presidencia de la entidad para la concesión de ayudas directas conforme al reglamento de la institución o una declaración expresa de la Presidencia declarando el carácter excepcional de la subvención, entre otros documentos.

LAS RESOLUCIONES AL AÑO

A la hora de comparecer como investigado ante el juez, que considera que la concesión “directa” de las ayudas indagadas es fruto de “la sola voluntad” del presidente de la institución, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos defendía de su lado que firma unas 7.000 resoluciones al año respecto a la actividad de una institución cuyo presupuesto anual supera los 400 millones de euros, con lo que él no profundiza en cada uno de los expedientes, según habría explicado.

En ese sentido, en su comparecencia se habría remitido a la tramitación administrativa de las subvenciones excepcionales indagadas, manifestando en paralelo su confianza en el equipo técnico de la Diputación, varios de cuyos altos funcionarios figuran también como investigados en esta causa judicial.

INVESTIGADOS FUNCIONARIOS, POLÍTICOS, HERMANOS MAYORES Y EMPRESARIOS

También están investigados en esta causa los exdiputados provinciales de Hacienda Manuel González Lora y Manuel Domínguez; el secretario general de la institución provincial, Fernando Fernández-Figueroa; el interventor, Eduardo López; el jefe de Intervención J.I.C.S.; Ángela Ramos como jefa del Servicio del Área de Presidencia; José Luis Rodríguez como vicesecretrario general de la entidad; el exalcalde socialista de La Roda de Andalucía Manuel Silva Joya por su papel como jefe de Relaciones con los Territorios de la Diputación y el exdiputado nacional del PSOE Antonio Pradas como otrora jefe de gabinete de la Presidencia de la Diputación.

En el ámbito de Gines, figuran como investigados el alcalde de la localidad, el socialista Romualdo Garrido; el exprimer edil Manuel Camino (PSOE); nueve ediles o exconcejales del PSOE; el interventor y la secretaria del Ayuntamiento de Gines; cuatros ex hermanos mayores de la Hermandad del Rocío y dos empresarios encargados de las instalaciones de ‘La Pará’.