SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)
La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha continuado este martes con el juicio de la pieza separada de las irregularidades detectadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), conocida como pieza de personal, en la que figuran como acusados el ex presidente y exconsejero delegado de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo; el exdirector financiero Antonio Garrido y dos ex directores de Promoción, Cristóbal Cantos y Juan María González Mejías, sobrino este último del expresidente socialista del Gobierno Felipe González.
Durante la sesión de este martes ha testificado la que fuera presidenta de Invercaria Laura Gómiz, investigada en otras piezas separadas con relación a la gestión de dicha entidad, quien ha rememorado que allá por 2009 ingresó en Invercaria como directora general con un salario de más de 105.000 euros anuales, «similar» a lo que percibía en el sector privado, después de que le ofreciesen dicho cargo «en dos ocasiones» y finalmente aceptase.
Mientras la causa gira en torno a supuestas «actuaciones manifiestamente contrarias a derecho en materia de retribuciones del personal y finiquitos», en detrimento del patrimonio público del que se nutría Invercaria, Laura Gómiz ha rememorado que fue el expresidente de la entidad Tomás Pérez-Sauquillo, –condenado a tres años y medio de cárcel por la pieza correspondiente al préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis y acusado en este procedimiento judicial–, quien le comunicó las condiciones económicas de su puesto.
Gómiz, quien ostentó la Presidencia de Invercaria a partir del segundo semestre de 2010 hasta febrero de 2012, ha explicado que en 2011 promovió una «reectructuración» de la sociedad al objeto de intentar «rebajar la masa salarial», entre otros aspectos, señalando que antes de su desembarco en la entidad allá por 2009 habían sido acometidas «subidas salariales» y dicha «reorganización» supuso «una importante bajada salarial».
Dicha «reestructuración», según ha detallado, fue comunicada al consejo de administración de Invercaria y a la agencia IDEA, de la que dependía la primera, para después acometer «los acuerdos bilaterales» con los que materializar las medidas en cuestión. Eso sí, ha precisado que dicha reorganización no estaba destinada a solucionar aspectos irregulares o ilegales, negando que detectase algo así, sino a «mejorar» la situación de Invercaria. Respecto a los salarios, así, ha negado que percibiese irregularidades.
Entre otras medidas, según ha dicho, tal reorganización implicó la introducción de «un procedimiento de selección de personal», para que las políticas de recursos humanos se atuviesen a los principios de publicidad, mérito y capacidad, porque Invercaria carecería hasta entonces de una herramienta así. «No estaba», ha respondido ante la pregunta de si Invercaria contaba con un procedimiento de selección.
En cuanto a los préstamos personales, Laura Gómiz ha testificado que estaban recogidos como «incentivos» y que «casi todos» los miembros de Invercaria se acogieron a los mismos, también ella.
Y sobre el préstamo del que gozaba el sobrino de Felipe González Juan María González Mejías, quien según la investigación habría dejado la entidad con 27.406 euros pendientes de devolver que Pérez-Sauquillo y Nieto habrían decidido condonarle, siempre supuestamente; Laura Gómiz ha señalado la «voluntad» de recuperar ese dinero. Según ha defendido, se trataba de una cuantía «cobrable» que fue «reclamada» a González Mejías y que, de hecho, fue recuperada «en su integridad» paras los fondos de Invercaria.
LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Durante la instrucción del caso, el magistrado Juan Gutiérrez Casillas señalaba supuestas «actuaciones manifiestamente contrarias a derecho en materia de retribuciones del personal (de Invrcaria) y finiquitos, actuaciones que supusieron» la «disposición de importantes cantidades de dinero a favor de los investigados».
De este modo, sostenía que Pérez-Sauquillo –condenado a tres años y medio de cárcel por la pieza separada por el préstamo a la empresa Aceitunas Tatis– «asumió, entre otras, las facultades de contratar y separar empleados y señalarles las correspondientes retribuciones y puestos de trabajo», de forma que «decidía qué personas eran contratadas para trabajar en Invercaria, así como los sueldos». Según el instructor, «esta decisión la adoptaba el expresidente sin adaptarse a ningún procedimiento legalmente establecido».
El juez agregaba que el 17 de abril de 2006, Nieto suscribió un contrato de trabajo con Invercaria como director financiero, siendo acordado sin «fundamento objetivo que lo justificara» retribuir a este investigado de 2007 a 2010 con «cifras salariales muy superiores a las que le correspondían según su contrato y la legislación, sin causa legal justificada».
En paralelo, el 1 de noviembre de 2005, Cantos suscribió un contrato con Invercaria como director de Promoción en el centro de trabajo de Sevilla, agregando que, en julio de 2007, Invercaria concedió a éste un préstamo de 30.000 euros a devolver mediante un descuento en la nómina.
El juez aseveraba que el expresidente y el exdirector financiero de esta sociedad, «manejando los fondos públicos de Invercaria, decidieron condonarle la cantidad pendiente de devolución del préstamo», con lo que «permitieron que obtuviera un lucro indebido en detrimento de Invercaria». El instructor considera en ese sentido que estos tres investigados «eran conscientes y sabedores de lo irregular e ilegal de la condonación de la cuantía adeudada».
EL PRÉSTAMO PREVIO DE IDEA
A continuación, el magistrado señalaba que, el 1 de julio de 2005, Juan María González suscribió un contrato con Invercaria como director de Promoción en el centro de trabajo de Sevilla, de modo que cuando comenzó a trabajar esta sociedad de capital riesgo, «a petición» de este investigado, «se subrogó en el préstamo personal que IDEA le había hecho durante el tiempo que desarrolló su trabajo» allí, una operación con la que «pasó a contraer una deuda con Invercaria» de 17.468,75 euros «en concepto de préstamo que debía devolver en 60 meses mediante detracciones mensuales» de su nómina.
El juez precisa que, a la finalización de la relación laboral, González «tenía pendiente de devolver 27.406 euros de los que Invercaria le había prestado» y señala que Pérez-Sauquillo y Nieto «decidieron condonarle esa cantidad», con lo que «permitieron que obtuviera un lucro indebido en perjuicio de Invercaria».
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