SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)
Más de un centenar de investigadores de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla que están contratados por obras y servicios se ven afectados por la reforma laboral, pendiente aún de aprobación definitiva, al desaparecer esta fórmula contractual de la propuesta de reforma.
La media de contratos por obras o servicios en investigación que suele hacer al año la UPO es de 135, siendo las áreas de Fisiología, Organización de Empresas y Biología Celular las que concentran un mayor número de contratos por esta vía, tal como aclara este lunes la institución académica a Europa Press.
En cuanto a los periodos de vigencia, los investigadores que están contratados por obras y servicios lo están por un tiempo que oscila entre los tres y los seis meses y los dos años como máximo.
En el caso de la Universidad de Sevilla (US) son 1.000 los investigadores cuya continuidad pone en jaque la reforma laboral pactada por el Gobierno central con los sindicatos y la patronal.
La voz de alarma la ha dado la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), cuyo presidente y rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, ha cifrado en 25.000 los investigadores contratados por obras y servicios a los que la reforma deja a partir del mes de abril en un limbo legal. Es el plazo transitorio que recoge el texto para abandonar este tipo de contrato.
La US realiza anualmente 500 convocatorias para la contratación de personal con fondos obtenidos en concurrencia competitiva tanto de ámbito internacional como nacional y autonómico. Fondos con los que contrata a personal investigador por un plazo que oscila entre el año y los cuatro años de máximo.
Si el contrato de obra y servicio desaparece a partir de abril, «no se sabe qué va a pasar con los nuevos contratos y los concursos en evolución –solo en los meses de noviembre, diciembre y enero se han puesto en marcha 280 convocatorias de selección–«, ha alertado la US, que confirma que tanto la CRUE como la US están elaborando informes jurídicos con los que intentar despejar las incógnitas y, sobre todo, las incertidumbres.
Este tipo de contratos afectan a todas las áreas de investigación y, especialmente, a personal investigador joven. Un «talento» que ahora ahora ve peligrar su continuidad.
En esta línea, la US entiende que una solución a la desaparición del contrato de obras y servicios puede estar en la Ley de la Ciencia que ahora se negocia con el Gobierno central. En el último borrador, se ha incluido la figura del contrato para actividades científico-técnicas y para gestión de servicios científico-técnicos, que es una «novedad» que «agradecen» las universidades.
«Debe quedar muy claro en la Ley que los contratos indefinidos se asocian a líneas de investigación genéricas y no a proyectos de investigación concretos, y que las indemnizaciones puedan pagarse con cargo a estos proyectos», ha remarcado la US.