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Ruiz defiende la atención a los MENA en Andalucía y los nuevos dispositivos puestos en marcha

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La consejera comparece a petición propia en la Comisión de Infancia del Parlamento para informar de las medidas adoptadas por su departamento


La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha defendido este martes en la Comisión de Infancia del Parlamento el modelo de atención a los menores extranjeros no acompañados en Andalucía (MENA), así como los nuevos dispositivos puestos en marcha.

Ruiz ha comparecido a petición propia para informar sobre el modelo de atención a estos menores. «Un debate que es necesario mantener y hacerlo, de manera tranquila, sosegada y constructiva, ya que este tema de inmigración infantil debemos abordarlo bajo una perspectiva global y rigurosa, pues desgraciadamente no está en nuestro exclusivo ámbito competencial su solución», ha señalado.

La titular de Igualdad ha explicado que la atención de los MENA se ha canalizado, fundamentalmente, a través del acogimiento residencial y los distintos programas de atención residencial que se llevan a cabo, según las necesidades concretas de los menores.

Estos programas son el de acogida inicial, que tienen como finalidad facilitar una primera acogida de los menores sobre los que aún no se conoce adecuadamente su problemática y sobre los que se realiza un diagnóstico para su derivación hacia otro recurso; así como el programa de atención residencial básico, que es el de carácter general y normalizado. «A través del mismo se ofrece al menor alojamiento, convivencia y educación hasta el retorno a su familia, la emancipación u otra medida alternativa (como el acogimiento familiar o la adopción). Está vinculado a un proyecto socioeducativo individual y se desarrolla en un ambiente normalizador, lo más parecido a un núcleo familiar común», ha detallado.

También el sistema cuenta con programas específicos de atención a la diversidad con el fin de atender las diferentes necesidades de los menores, como el Programa de atención a menores en conflicto social; el Programa de atención a menores con discapacidades; el Programa de problemas de conducta; y el Programa de orientación e inserción sociolaboral, dirigido a jóvenes entre los 16 y 18 años de edad, que tiene como finalidad facilitar el paso del acogimiento residencial a la vida independiente.

Esta red normalizada de recursos residenciales para la atención en Andalucía de todos los menores que se encuentran en situación de desprotección la conforma un total de 2.359 plazas en 202 centros.

Nuevos dispositivos de atención

Por otra parte, Ruiz ha resaltado que «dado que la presión migratoria no ha cedido y tampoco los recursos normalizados han podido absorber este incremento de MENA, a principios de este año este Gobierno optó por poner en marcha una serie de nuevos dispositivos de atención a este colectivo, adaptados a sus necesidades y expectativas».

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha destacado que «este nuevo modelo de atención especializada, que se articula a través de 3 programas, no sólo da respuesta a las necesidades básicas de manutención y alojamiento, sino que define un itinerario que atiende las necesidades emocionales, educativas y de preparación para la vida independiente de estos menores extranjeros».

Estos programas son el Programas de recepción, atención y acogida ininterrumpida las 24 horas del día; el Programas de acogida y atención dirigidos al estudio y diagnóstico de la situación del menor en nuestra comunidad y a la evaluación del proyecto migratorio; y los Programas dirigidos a la inserción social y laboral de los menores atendidos que, además de atender a los menores en el conjunto de sus necesidades básicas, llevan a cabo actuaciones de capacitación en competencias laborales y formación profesional, encaminadas a la adquisición de habilidades para la vida independiente.

Ruiz ha detallado que a través de la primera convocatoria, realizada el pasado 1 de abril, se pusieron en marcha 1.169 plazas y una ayuda de 15,5 millones de euros, que permitió atender la demanda de la primera mitad del año. Asimismo, en el momento de alcanzar un nivel muy cercano a la plena ocupación de esas 1.169 plazas, se lanzó una segunda convocatoria, dotada de 2,5 millones de euros, para la puesta en marcha de otras 420 nuevas plazas.

«Unos nuevos recursos que están orientados a atender la demanda que se vaya produciendo de este segundo semestre del año, ante un fenómeno de inmigración infantil incesante y que no tiene visos de que decaiga», ha resaltado.

Pese a este importante esfuerzo y compromiso del Gobierno andaluz, Ruiz ha vuelto a reclamar que «se hace necesario el desarrollo de medidas a nivel estatal y europeo que garanticen el reparto solidario entre las comunidades y los países, y que favorezcan un flujo migratorio ordenado con acompañamiento y coordinación efectiva de las administraciones implicadas a fin de dar una seguridad a los menores, minimizando la vulnerabilidad en la que pudieran encontrarse en su tránsito migratorio».

«Este modelo consistiría en poner en funcionamiento unos recursos altamente especializados en la inserción social y laboral de estos menores que, sin perder su naturaleza de actuación protectora, les permita incorporarse al mundo laboral después de cumplir la mayoría de edad», ha subrayado la consejera. La idea de fondo es establecer una línea de colaboración formal con Marruecos, principalmente, que avale la puesta en marcha de un proyecto de educación y formación a estos menores. Se trataría de un programa similar al Erasmus, pero entre España y Marruecos.

«No voy a negar que se trata de una propuesta muy ambiciosa no solamente por el ejercicio de solidaridad que conlleva, sino también porque supone superar la tradicional distribución de competencias y responsabilidades entre las distintas administraciones y trabajar con un enfoque centrado en la necesidad de cada menor. El Gobierno andaluz continúa trabajando en mejorar el sistema de atención de este colectivo y en buscar todas las vías posibles y factibles que permitan dar la mejor respuesta a un problema global que exige, de todos, alturas de miras y un ejercicio de responsabilidad», ha finalizado la consejera.

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