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Rocío Ruiz anuncia la publicación del decreto que pondrá en funcionamiento el Consejo Andaluz del Pueblo Gitano

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La consejera de Igualdad inaugura una jornada en la que se ha presentado la evaluación del Plan integral de la comunidad gitana en Andalucía 2017-2020


La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha anunciado la publicación del Decreto que regulará el futuro Consejo Andaluz del Pueblo Gitano, un órgano de interlocución entre las entidades que conforman el tejido asociativo gitano andaluz y las administraciones públicas competentes para el asesoramiento, intercambio de experiencias y buenas prácticas en las políticas públicas en favor de la comunidad gitana. Ruiz, que ha inaugurado la Jornada que ha servido para presentar la evaluación del Plan integral de la comunidad gitana en Andalucía 2017-2020, ha explicado que «la tramitación del decreto está muy adelantada a pesar de la situación sobrevenida por la pandemia de Covid-19 y la puesta en marcha del Consejo será de suma importancia para conocer de primera mano la realidad del pueblo gitano en nuestra comunidad y darle las soluciones adecuadas».

El Plan integral para la inclusión de la comunidad gitana de Andalucía se puso en marcha en 2017 y concluye este año 2020. Se trata del primero de estas características que se evalúa en Andalucía, gracias a la colaboración y participación de los propios actores implicados y de la Fundación Secretariado Gitano. Sus resultados y conclusiones, según ha señalado la consejera, «sirven a este Gobierno para no caer en errores de gobiernos anteriores y para poder llevar a cabo una mejor planificación de las actuaciones de cara a mejorar la calidad de vida de la comunidad gitana en todas las áreas, servicios y programas que desarrollan actuaciones en el ámbito de la Junta de Andalucía».

Por otra parte, ha subrayado que se trata de «un plan ambicioso que nos ha puesto metas altas en el horizonte y que nos obliga a mantener un gran compromiso con un grupo de la sociedad que parte de una situación muy desfavorecida desde un punto de visto histórico que, además, la situación de la pandemia del coronavirus ha agravado».

Rocío Ruiz ha recordado que «son aproximadamente 350.000 los gitanos y gitanas andaluzas, por lo que uno de los objetivos más importantes del que debemos ocuparnos debe ser la formación de la juventud y la eliminación de los prejuicios y los estereotipos, con el objetivo de reivindicar una sociedad más igualitaria y solidaria dentro de un clima de convivencia respetuoso e intercultural donde las culturas enriquezcan a las personas».

Finalmente, ha expresado su reconocimiento al movimiento asociativo gitano y al trabajo que desarrollan las y los profesionales de los servicios sociales comunitarios de la mano de las entidades del Tercer Sector porque «sois el verdadero motor del cambio de esta sociedad».

Conclusiones del PICGA 2017-2020

Con 11 líneas de acción, 21 objetivos estratégicos y 124 actuaciones, el Plan integral para la inclusión de la comunidad gitana en Andalucía 2017-2020 se enmarca en las políticas públicas marcadas por la Unión Europea y por el Gobierno de España. En concreto, en el marco europeo para las Estrategias nacionales de integración de la población gitana aprobado por el Consejo de Europa en septiembre de 2011 y en la Estrategia nacional para la inclusión social de la población gitana en España 2012-2020.

Precisamente hace unos días, la Comisión Europea ha presentado el nuevo marco europeo de Estrategias nacionales para la igualdad, inclusión y la participación de la población gitana 2020-2030, un compromiso político que marca la hoja de ruta a seguir para la elaboración de las Estrategias Nacionales por parte de todos los Estados miembros y que, posteriormente, llegará al ámbito autonómico.

Casi 270 personas han participado directamente en la evaluación del PICGA, representando a los distintos niveles de la Administración (consejerías, diputaciones y ayuntamientos), así como entidades sociales y del movimiento asociativo gitano.

En términos generales, las conclusiones arrojan una valoración positiva del Plan, más en su diseño que en su ejecución. Se prima el hecho de contar con un marco político específico orientado a garantizar la igualdad de oportunidades de las personas gitanas y compensar las desigualdades.

Por contra, su ambición se ha señalado como una debilidad, por lo que se ha priorizado para el próximo Plan el establecimiento de prioridades para concentrar en ellas los esfuerzos y recursos, principalmente en educación, empleo y vivienda, que siguen siendo los ejes centrales para avanzar en la inclusión de la población gitana.

Además de las desigualdades sociales, el antigitanismo es lo que más preocupa a las personas gitanas puesto que condiciona su vida, afecta a su dignidad y supone una barrera para la igualdad de oportunidades.

Finalmente, en el proceso de evaluación, que se ha llevado a cabo en los últimos meses, no ha faltado la referencia al impacto social, económico y educativo que la crisis generada por el Covid-19 está teniendo en la comunidad gitana, lo que requerirá intensificar las actuaciones para no agrandar la brecha de desigualdad que afecta a la población gitana.

La propuesta para un próximo Plan incluye: conectar mejor los objetivos del PICGA con las políticas generales y articularlos con otros planes o estrategias en marcha; establecer un marco de coordinación con todos los actores implicados para alinear las intervenciones y favorecer sinergias; implicar más al ámbito local, los ayuntamientos y las entidades que trabajan más próximos a la ciudadanía; diseñar intervenciones que sean sostenidas en el tiempo, adaptadas a las personas y orientadas a cambios estructurales; y dotar al Plan de los recursos suficientes.

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