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Prórroga a las medidas para garantizar las prestaciones de dependencia hasta final de año

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El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta para proteger a los beneficiarios y favorecer el mantenimiento de la actividad


La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha presentado una propuesta al Consejo de Gobierno para prorrogar las medidas económicas vigentes que garanticen las prestaciones de la dependencia hasta final de año ante la evolución de la pandemia. De esta forma, con el objetivo de garantizar la financiación del servicio de ayuda a domicilio, de los centros de día para personas mayores y con discapacidad y de los centros ocupacionales, así como la gestión de las prestaciones y procedimientos de reconocimiento en situaciones de dependencia, se ha planteado un cambio en la modalidad de atención, de manera que se personalice en cada situación concreta. Para ello, ya se presupuestó en septiembre una cantidad de 1,3 millones de euros (1.299.796,944).

Con esta actuación, la Junta vuelve a anticiparse en la gestión de la atención a las personas en situación de dependencia ante el aumento progresivo de contagios por Covid-19 en toda la comunidad andaluza.

Todo ello con el objetivo de establecer un equilibrio entre las medidas de protección de la salud pública establecidas por la Consejería de Salud y Familias y la necesidad de proteger a las personas beneficiarias en situación de dependencia, al tiempo que se favorece la actividad económica de las entidades prestadoras y el mantenimiento del empleo.

En concreto, para el servicio de ayuda a domicilio se contempla la reconfiguración del contenido de las atenciones domiciliarias de forma personalizada, verificando siempre que la persona queda debidamente atendida en sus necesidades. En todo caso, esto deberá garantizar la cobertura de las necesidades básicas de los usuarios de grado III (grandes dependientes) y grado II (dependientes severos).

Además, en caso de suspensión del servicio de forma presencial, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) de la Consejería de Igualdad abonará a los ayuntamientos y diputaciones provinciales el importe financiado establecido originariamente, a pesar de la reconfiguración del servicio, siempre vinculado al compromiso de la entidad prestadora de mantener el empleo.

En el caso de los centros de día para personas mayores y con discapacidad y de los centros ocupacionales, en el supuesto de imposibilidad de incorporación de la persona beneficiaria, se procederá a la reserva de la plaza mientras subsistan las circunstancias acreditadas por la autoridad sanitaria.

Por su parte, los centros deberán realizar tareas diarias de seguimiento domiciliario o de carácter telemático adaptadas a cada situación concreta. En esta circunstancia, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia abonará por las plazas ocupadas la diferencia entre el coste de cada plaza y las cantidades que deberían abonar las personas titulares. Por otra parte, mientras reciba el servicio de manera no presencial, la persona beneficiaria tendrá una reducción del 60% en su aportación.

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