La nueva normativa andaluza cuenta con el informe favorable del CGPJ
La Consejería de Justicia e Interior ha aprobado una orden que regula la implantación y el uso del sistema Jara de información para la gestión de los archivos judiciales de Andalucía, un programa que se puso en marcha de forma pionera en esta comunidad autónoma para normalizar y racionalizar el volumen documental que produce la Administración de Justicia y prestar un servicio más eficaz y de calidad a la ciudadanía.
El desarrollo de la aplicación Jara está basado en una experiencia acumulada en la dirección de proyectos de archivos judiciales de Andalucía adaptada a las necesidades de los órganos judiciales, tanto en funcionalidades como en terminología, tal como se detalla en la orden publicada en el BOJA del pasado 10 de abril.
Jara es una aplicación web accesible a través del Escritorio Judicial, que permite el acceso a través del certificado digital, DNI o usuario y contraseña, establece la posibilidad de crear varios perfiles según las tareas encomendadas, como por ejemplo, letrado de la Administración de Justicia, personal de archivos o de auxilio judicial.
Esta orden ha sido informada favorablemente por el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica del Ministerio de Justicia y por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, además de haber sido consultado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Jara es, esencialmente, una aplicación que permite mejorar la gestión de la documentación judicial facilitando el control y acceso en todo su proceso, desde su producción inicial hasta su eliminación o conservación permanente. Así, entre sus funcionalidades destacan la gestión documental, su descripción, préstamo y salidas, la gestión de usuarios, la generación de informes y la conectividad con el Sistema de Gestión Procesal Adriano, facilitando el trasvase de información a través de la pasarela de conectividad Inadjar.
Por ello, Jara está provista de las medidas técnicas y organizativas que aseguran la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos, de acuerdo con lo previsto en la normativa sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
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