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Marín anuncia una redistribución de las plazas en los centros de internamiento de menores

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El reparto se realizará atendiendo a la demanda por provincias, ya que Málaga y Granada son las que tienen más población juvenil infractora y disponen de menos puestos


El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha anunciado que su Consejería va a llevar a cabo una «progresiva redistribución de las plazas disponibles en centros de internamiento» de Andalucía, con el objetivo de «adaptar su número y características en cada provincia a la demanda judicial» y evitar así que los menores infractores se alejen de su entorno al tener que desplazarse a otras provincias para cumplir la medida judicial impuesta.

Marín ha explicado en comparecencia parlamentaria que «el mayor número de menores infractores se encuentra entre las provincias de Málaga y Granada, pero los centros de estas provincias son los que menos plazas tienen». Esto supone que «los menores infractores deben desplazarse, «alejándolos de su entorno», siempre y cuando la autoridad judicial no indique lo contrario.

De hecho, según los datos que ha ofrecido, en Málaga se dictaron 219 medidas de internamiento el año pasado y sólo cuenta con 15 plazas para chicos en el CIMI San Francisco-La Biznaga. Por su parte, en Granada se dispone de 14 plazas masculinas y se dictaron 162 medidas, frente a Huelva, que cuenta con 20 plazas en el CIMI Odiel y se dictaron 42 medidas.

Para 2019, Andalucía dispone de 766 plazas repartidas en 16 centros de internamiento para cumplir medidas privativas de libertad en régimen cerrado, semiabierto, abierto, terapéutico o de fin de semana, de las que se cubrieron 730. «Es imprescindible y razonable llevar a cabo un reajuste de las plazas», a lo que el vicepresidente ha añadido que en los «próximos pliegos de condiciones para adjudicar este servicio se adoptarán esas medidas para ajustar esas plazas a las necesidades de cada provincia».

La misma línea se va a seguir en el caso de la ejecución de las medidas no privativas de libertad. Así, «atendiendo al superior interés del menor se va a impulsar que el cumplimiento de la medida judicial pueda realizarse en la provincia de origen del menor «con el objetivo de facilitar «el éxito de la intervención y la consecuente resocialización» del mismo.

Es decir, «se le asignará el centro o el servicio más cercano a su domicilio, teniendo presente las características personales, delitos, programas socioeducativos y cualquier otro factor que facilite el éxito de la intervención durante la ejecución de la medida», ha precisado Marín. Para ello, Andalucía dispone de 48 centros y servicios para cumplir este tipo de medidas repartidos por las ocho provincias.

Actividades ocupacionales y laborales

Por otra parte, la Consejería de Justicia va a garantizar que los centros dispongan de actividades de carácter ocupacional y laboral que «faciliten una integración real y efectiva del menor». Para ello, se van a potenciar «modelos innovadores en la intervención» de los menores, con un impulso a los programas formativos, laborales, de prevención de violencia de género y deportivos.

Asimismo, se impulsará la colaboración con las entidades locales de Andalucía para «propiciar el cumplimiento de las medidas de prestación en beneficio de la comunidad y tareas socieducativas», que persiguen la integración de los menores en su medio. Junto a ello, se va a apostar «por los servicios de mediación, conciliación y reparación penal de menores como referente de una Justicia restaurativa y alternativa al procedimiento penal de menores».

Además, Marín ha recordado que «se vienen suscribiendo convenios de colaboración con las universidades andaluzas» para la formación y fuente de experiencia para los futuros profesionales que trabajarán en el campo de la justicia juvenil.

En cuanto a los menores no acompañados (Menas) que pasan a ser menores infractores, el vicepresidente ha indicado que «desde la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación se está trabajando en nuevos programas para garantizar la inserción de estos jóvenes cuando terminen de cumplir la medida y garantizar su reinserción».

Por último, y dado que el fin de las medidas es la reinserción de estos menores, para evaluar si este objetivo se está cumpliendo, la Consejería está trabando para encargar un estudio que analice los resultados.

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