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Coronavirus.- La Consejería de Justicia incluye al juzgado de Archidona en su Plan de Reactivación por el COVID

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ARCHIDONA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha incluido al juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Archidona (Málaga) en su segunda fase del Plan Especial de Reactivación de la Administración de Justicia que supone dotar de medidas de autorrefuerzo a 65 órganos judiciales durante 23 semanas.

La segunda fase arrancó el pasado 15 de marzo y la delegada territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Málaga, Mónica Alejo, ha visitado las instalaciones de Archidona y ha trasladado los detalles del plan, que va a suponer una inversión total para los juzgados de la provincia de Málaga de casi 3,2 millones de euros.

“Desde la Consejería de Juan Marín se está realizando un importante esfuerzo inversor, sin precedentes. Estamos cumpliendo nuestra palabra y poniendo a disposición de la Administración de Justicia los medios necesarios para paliar los efectos que está provocando en la misma esta pandemia”, ha señalado Alejo.

En concreto, en la primera fase, que se desarrolló entre los meses de septiembre y noviembre, la inversión fue 1,51 millones, a los que ahora se suman otros 1,6 millones de euros. Asimismo, ha destacado y ha agradecido el que en esta segunda fase se haya incluido “a los juzgados mixtos porque arrastran una importante carga de trabajo, que sin duda se ha visto agravada”.

“No queremos una Justicia de primera y de segunda, por eso no distinguimos entre partidos judiciales de las capitales y el resto”, ha manifestado la delegada.

En la provincia de Málaga, y como novedad de esta fase, el Plan se implanta en el Registro Civil de Málaga, en once juzgados más, en concreto en los de Primera Instancia e Instrucción (Estepona, Antequera, Coín y Archidona); además del Servicio Común Procesal de Vélez-Málaga y en las fiscalías de Málaga y de Marbella.

En toda Andalucía, serán 99 juzgados mixtos los que se beneficien de la implantación de estas medidas que tienen como “objetivo paliar la sobrecarga jurisdiccional como consecuencia de la paralización e incremento de asuntos generados por la crisis del COVID-19”.

Asimismo, se mantienen en los cincos juzgados de Primera Instancia de Fuengirola, en las cuatro secciones de lo Penal de la Audiencia Provincial y en 33 juzgados. En concreto, en los 15 juzgados de lo Penal, en cuatro de Primera Instancia (12, 13, 24 y 29), en once de lo Social y en los tres órganos de lo Mercantil. De la misma manera, también se sigue desarrollando en los de Primera Instancia de Marbella, Torremolinos, y en un juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Estepona.

TRES TARDES, TRES DÍAS A LA SEMANA

Este plan consiste en la prolongación de la jornada laboral de los funcionarios de Justicia, que será remunerada como servicios extraordinarios. De esta forma, en los órganos judiciales adheridos al Plan de Choque se contará con una persona funcionaria de cada uno de los cuerpos en cada órgano judicial: Gestión, Tramitación y Auxilio (tres funcionarios), tres tardes a la semana (lunes, martes y jueves).

En toda Andalucía, la inversión será de 7,6 millones de euros que sumados a los 7,2 millones de euros de la primera fase, supone un total de casi 15 millones de euros. La duración de esta fase será de 23 semanas, entre marzo y junio y septiembre y noviembre, dejando fuera los meses de vacaciones estivales, y se desarrollará en 302 órganos judiciales andaluces.

“La primera fase del plan ha funcionado muy bien en los juzgados y se ha podido avanzar mucho en la tramitación de los procedimientos o en las ejecutorias, y así nos lo han transmitido tanto desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como desde el resto de operadores jurídicos, que han solicitado su continuidad”, ha explicado Alejo.

Además, ha pedido la colaboración del resto de administraciones y ha incidido especialmente en la “necesidad de contar con más jueces y más letrados de la Administración de Justicia para poder señalar más juicios y acabar con el retraso que arrastran”. “No es de recibo que los ciudadanos tengan que esperar años para poder celebrar su juicio”, ha concluido.