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La Ley de Memoria Democrática cumple un año con gran parte de sus objetivos desarrollados

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La Junta documenta 702 fosas comunes de la represión franquista en Andalucía

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha presentado al Consejo de Gobierno el informe del primer año de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Esta norma, aprobada en marzo de 2017 por la Cámara autonómica, establece las bases para garantizar el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista bajo los principios de verdad, justicia y reparación.

En su balance, Jiménez Barrios ha destacado el impulso económico que la Administración autonómica ha dado en esta materia, como refleja el incremento del 73,1% en los presupuestos andaluces de 2018 respecto a los del ejercicio anterior (de 668.000 a 1.156.000 euros). En el caso de las intervenciones en fosas comunes, el aumento ha sido del 154,2%, hasta superar los 600.000 euros.

El vicepresidente ha subrayado el elevado grado de cumplimiento de la ley y ha puesto de manifiesto el compromiso con sus políticas al situarlas en la primera cartera del Gobierno, la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, lo que ha garantizado una mayor coordinación y transversalidad.

En cuanto al desarrollo de la norma, el informe señala la próxima aprobación del decreto de creación del Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, órgano colegiado consultivo y de participación que tendrá en su seno la Comisión de la Verdad prevista en la ley. Asimismo, se ha iniciado la tramitación del decreto sobre Símbolos y Actos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, una norma pionera en España que establecerá el procedimiento para la retirada con garantías de la simbología franquista. Además, la Consejería de Educación ha creado una comisión técnica de expertos que concluirá con la tarea ya iniciada de identificación y eliminación.

Otro decreto de desarrollo de la ley que se encuentra en tramitación es el que regula el Registro de Entidades de Memoria Democrática de Andalucía, actualmente en consulta pública. Las ayudas en régimen de concurrencia competitiva para actividades de investigación, estudio y divulgación incluirán este año a las entidades sin ánimo de lucro, a las universidades y a las corporaciones locales, de acuerdo con la orden de bases reguladoras que se aprobará próximamente.

De igual modo, la Junta está elaborando el Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022, cuya propuesta inicial ha sido consensuada con las consejerías involucradas y que detallará, con carácter cuatrienal, los objetivos, estrategias y acciones en la materia, principalmente trabajos de indagación, localización, exhumación e identificación de las víctimas; conservación, mantenimiento y rehabilitación de lugares y senderos; recuperación de documentos y testimonios orales; adquisición, copia o suscripción de convenios sobre el material custodiado en archivos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros; fomento de las entidades memorialistas, y desarrollo de proyectos de investigación y divulgación.

El Gobierno andaluz también ha designado recientemente la comisión técnica que investigará la desaparición de fondos documentales públicos en Andalucía durante el período previsto en la ley, que abarca la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia.

Educación

En materia de educación, el informe señala la incorporación de la Memoria Democrática a los planes de formación de los centros educativos y del profesorado, así como a la normativa curricular de Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Permanente. Asimismo, destaca la constitución de un equipo de coordinación pedagógica, entre la Dirección General de Memoria Histórica y Educación, para la creación del Portal Educativo de la Memoria, con estudios, materiales y enlaces de utilidad para el profesorado en las aulas. También en el ámbito de cooperación entre instituciones, Jiménez Barrios ha destacado el convenio suscrito con la Universidad de Granada para la identificación genética del ADN de las víctimas, a través del que se han concluido nueve intervenciones y están en macha otras 20 (la mitad a punto de finalizar).

En cuanto a los trabajos en fosas comunes, actualmente se tramita la licitación de un contrato para la indagación, investigación, localización, delimitación, exhumación y estudio de víctimas en enclaves ubicados en la comunidad autónoma, con un presupuesto inicial de 413.223 euros. Esta iniciativa da continuidad al trabajo desarrollado entre marzo de 2015 y enero de 2018, con más de 40 intervenciones y en torno a 450 cuerpos recuperados. En estos momentos se actúa en las fosas de Benamahoma y San Fernando (Cádiz); Córdoba capital, con una fase preliminar de investigación histórica; Nerva (Huelva), Villanueva de la Concepción (Málaga), y Utrera (Sevilla).

Próximamente se iniciarán intervenciones en otros municipios como Castro del Río (Córdoba); Alfarnate y Colmenar (Málaga), y Sevilla, donde está prevista la exhumación de la fosa de Pico Reja, en el cementerio de San Fernando, al amparo del convenio suscrito recientemente entre la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial.

Según los estudios realizados, se calcula en alrededor de 50.000 la cifra de personas consideradas desaparecidas en Andalucía como consecuencia del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura.

Lugares de Memoria

Respecto a los Lugares y Senderos de Memoria Democrática, en noviembre de 2017 el Gobierno andaluz aprobó la inscripción de la esquina de Málaga donde se produjo la muerte de Manuel José García Caparrós, durante las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977. También se ha publicado el catálogo de estos enclaves y ha concluido la fase de valoración de otros nuevos espacios para su futura inscripción.

Entre los nuevos lugares previstos figuran la fortificación del Estrecho de Gibraltar y la fosa común del cementerio de San Roque en Puerto Real, en Cádiz; la Plaza de la Constitución y el cementerio de Baena y el refugio antiaéreo de la Plaza de España de Villanueva de Córdoba, en Córdoba; la colonia de Víznar, en Granada; el convento de Santa Úrsula de Jaén, el campo de concentración de Santiago e Higuera de Calatrava, y la cárcel vieja de Úbeda, en la provincia jiennense; el Palacio de la Aduana, en Málaga, y la Jefatura Superior de Policía y la sede de la Capitanía General de la Gavidia, así como el lugar donde Francisco Rodríguez Ledesma fue herido de muerte, en Sevilla.

Finalmente, el informe presentado por el vicepresidente destaca otras actuaciones como la creación de las Oficinas de Memoria en todas las provincias andaluzas, la firma de convenios con diputaciones o la publicación en el portal de la Junta de todas las memorias de actuación y de la actualización del Mapa de Fosas de Andalucía.

Documentación de fosas

Manuel Jiménez Barrios ha presentado al Consejo el informe de la actualización del Mapa de Fosas Comunes de Andalucía, en el que se documentan 702 de estos enclaves de la represión en la Guerra Civil y la dictadura franquista. La cifra supone un incremento de 88 (14,33% más) respecto al anterior trabajo realizado en 2010.

Por provincias, destacan Sevilla, Huelva y Cádiz con 136, 124 y 118 fosas localizadas, respectivamente. Les siguen Granada con 108, Málaga (99), Córdoba (79), Jaén (27) y Almería (11).

El nuevo mapa, que se encuentra publicado en la web de la Junta, se ha realizado en colaboración con asociaciones memorialistas, universidades, corporaciones locales y familiares de víctimas. Su diseño interactivo se dirige al objetivo de seguir contando con la participación y las aportaciones de la ciudadanía. Por otra parte, los datos actualizados serán remitidos esta misma semana al Ministerio de Justicia para su inclusión en el mapa estatal.

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