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La Ley de Evaluación de Políticas Públicas reforzará el control parlamentario sobre la acción del Ejecutivo

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El vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, avanza en unas jornadas que la nueva norma optimizará el uso de los recursos públicos y fijará medidas correctoras


La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local está abordando una Ley de Evaluación de Políticas Públicas de la Junta de Andalucía que “vendrá a reforzar el control parlamentario de las actuaciones del Ejecutivo y sus administraciones”. Así lo ha explicado el vicepresidente de la Junta y consejero del ramo, Juan Marín, en la inauguración de las III Jornadas del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) que se celebran en Sevilla.

Marín ha informado que la Consejería trabaja ya en esta Ley que permitirá “optimizar el uso de los recursos públicos y establecer las medidas correctoras para reconducir las políticas fallidas”. En este sentido, ha destacado que “la evaluación nos permite tener conocimiento de los resultados de la gestión pública, y orienta con más conocimiento y racionalidad las decisiones a tomar”.

“El resultado no es sólo una mayor legitimación de la acción política, sino también una mayor transparencia de los gobiernos”, ha señalado el vicepresidente en su intervención. “Conocer las causas del éxito o del fracaso de una política es un instrumento valiosísimo para mejorar y evitar errores”, ha añadido.

El sistema andaluz de evaluación de las políticas públicas de la Junta de Andalucía se basará en los principios de participación de la ciudadanía, eficiencia, innovación, aprendizaje, rendición de cuentas y sostenibilidad. “Estamos trabajando en esta línea por convencimiento propio a cerca de los beneficios sociales, económicos y políticos que tiene la evaluación, pero lo hacemos también siguiendo una práctica global internacional”, ya que la misma “ha pasado a formar parte imprescindible de la acción política de las democracias más avanzadas”. De hecho, Marín ha indicado que la Unión Europea viene impulsando desde 2015 la implantación de medidas de evaluación sobre la acción de la Comisión, el Parlamento y también sobre los Estados miembros, “por lo que tenemos la obligación de aplicar estos criterios europeos sobre todas las administraciones españolas”.

Asimismo, el vicepresidente ha aclarado que la evaluación es una actividad específica y diferenciada de otras medidas como pueden ser las auditorias y, de hecho, son actuaciones complementarias. Entre los objetivos que mueven a la primera están promover su institucionalización y consolidación en la agenda política; fomentar la investigación aplicada y desarrollar metodologías y herramientas; desarrollar capacidades para el diseño e implementación de diversos tipos de evaluación; y evaluar políticas implementadas.

Por último, el vicepresidente ha recordado que desde su Consejería también se están abordando medidas para fomentar la regeneración democrática y la transparencia como la liquidación de más de cien entes instrumentales “ineficaces o sin atribuciones reales”, el impulso de auditorías, la tramitación del proyecto de Ley Andaluza de lucha contra el Fraude y la Corrupción, o la delimitación de mandatos.

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