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La Junta regula la figura del asistente para personas con discapacidad

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Las personas y entidades interesadas pueden realizar aportaciones al proyecto normativo a través del Portal de la Transparencia


La Junta ultima la normativa que regulará la asistencia personal para la atención a personas con discapacidad, según ha informado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, quien ha asegurado que «esta será una de las prestaciones del futuro del Estado del Bienestar».

No obstante, la consejera ha recordado que desde hace años el Gobierno andaluz realiza «un importante esfuerzo económico para promover la vida independiente de las personas con diversidad funcional». En este contexto se enmarca, entre otros, la Ley de los Derechos y la Atención a las personas con discapacidad en Andalucía, a partir de la cual se han dado los primeros pasos para la regulación normativa de la figura del asistente personal.

Actualmente el proyecto de decreto está en trámite de consulta pública previa en el Portal de la Transparencia. Una vez finalizado este trámite el próximo 27 de julio continuará el proceso hasta su aprobación por el Consejo de Gobierno.

Sánchez Rubio ha recordado algunas de las actuaciones subvencionadas por su departamento en 2017 con fines similares a los del asistente como el Proyecto de Vida Independiente de ‘VIANDALUCIA’, una iniciativa financiada por la Junta con 120.000 euros hasta el 21 de diciembre próximo. También el programa de CodisaPredif, destinado a atender a unas 200 personas y que finalizó en marzo pasado. Igualmente, han realizado actuaciones similares la Federación de Asociaciaciones ASPAYM y la entidad ASENSE.

Además, ha recordado que a la convocatoria de este año se han presentado un «buen número» de solicitudes que tienen como finalidad llevar a cabo programas de vida independiente y de autonomía personal.

Por último, la máxima responsable de las políticas sociales en Andalucía ha reiterado que una prestación del alcance como la del asistente personal «exige una coordinación y financiación por parte de las administraciones estatal y autonómica».


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