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La Junta reduce en un año un 31% el importe de los libramientos sin justificar fuera de plazo

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Al inicio de 2019 se contabilizaban 1.867 millones de euros y al cierre del ejercicio esa cifra se ha reducido en 582 millones


El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto-ley para el impulso del proceso de justificación, comprobación, adecuación de la información contable y reintegro de los libramientos con justificación posterior, siguiendo las continuas recomendaciones recogidas tanto en los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas como en las resoluciones del Parlamento andaluz que han permitido, en un solo año, reducir un 31 por ciento (hasta 582 millones de euros) los importes pendientes fuera de plazo.

En las últimas dos décadas, la Cámara de Cuentas ha recomendado reiteradamente la adopción de medidas dirigidas a reducir el saldo de libramientos por justificar, habida cuenta del elevado montante acumulado y de la antigüedad del mismo. Asimismo, el órgano fiscalizador ha señalado la necesidad de mejorar los procedimientos para el control y la gestión de los libramientos con el fin de propiciar el cumplimiento de la obligación de justificación de las personas beneficiarias y agilizar las comprobaciones de la documentación justificativa, procediendo, en su caso, al reintegro de las cantidades no justificadas debidamente y, en su defecto, acometer la procedente depuración contable.

El pasado mes de julio, el Parlamento autonómico se pronunció sobre la necesidad de abordar esta cuestión, instando al nuevo Ejecutivo andaluz a adoptar medidas al respecto, señalando que este mandato ya había sido aprobado por el Legislativo regional en numerosas resoluciones referidas a la fiscalización de las Cuentas Generales de los años 2010 a 2016 y en otras actuaciones de la Cámara de Cuentas desde hace más de dos décadas, pero que había sido sistemática y reiteradamente ignorado por los anteriores gobiernos autonómicos, ocasionando la prescripción de los posibles reintegros y caducidad de los expedientes iniciados.

El actual Ejecutivo trabaja desde el principio de la legislatura en la mejora en la gestión de los ingresos de derecho público no tributarios (a través del Plan Confianza), esencialmente de reintegros de subvenciones y procedimientos sancionadores. Ante el elevado volumen de libramientos pendientes de justificar fuera de plazo, se inició un plan de actuación al objeto de acelerar los procedimientos de justificación, realizar una revisión y depuración de los importes pendientes de justificar, evitar posibles prescripciones y la pérdida de ingresos por reintegros.

Mecanismo eficaz

Así, mediante la monitorización de los importes pendientes, remisión de informes periódicos y reuniones de seguimiento con los órganos gestores responsables, se ha conseguido reducir estos importes en el presente ejercicio, de manera que si al inicio de 2019 el importe pendiente de justificación fuera de plazo en la Junta de Andalucía era de 1.867 millones de euros, a 31 de diciembre ese importe se situó en 1.285 millones, habiéndose reducido un total de 582 millones, lo que supone una disminución superior al 30%.

Sin embargo, no solo es necesario concluir los procesos de justificación, comprobación y, en su caso, reintegro de los libramientos pendientes de justificar de ejercicios anteriores, sino crear una cultura corporativa de la justificación y el adecuado uso de los recursos públicos destinados a subvenciones con la participación de los órganos gestores, las entidades colaboradoras, los órganos responsables de los ingresos y los órganos de control, así como de las personas o entidades beneficiarias.

Nuevas medidas

El Decreto-ley aprobado introduce, por una parte, la ordenación de la información en GIRO (sistema contable de la Junta de Andalucía) para que refleje la verdadera situación y la máxima transparencia de los libramientos. Asimismo, incorpora modificaciones en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública que regulan la comprobación de las subvenciones, la devolución voluntaria de las mismas, los aplazamientos y fraccionamientos de los reintegros y atribuye competencias a la Agencia Tributaria de Andalucía en el proceso de recuperación de cantidades.

Por otro lado, establece que los órganos gestores tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2021 para clasificar los libramientos pendientes de justificar y para realizar una serie de actuaciones para su justificación y comprobación antes de esa fecha.

El Decreto-ley regula también la comprobación de la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de la subvención, así como el régimen de los aplazamientos y fraccionamientos de los reintegros de subvenciones, al tiempo que establece medidas para impulsar la devolución voluntaria.

Además, con la finalidad de incrementar la eficacia de la gestión recaudatoria de los reintegros de subvenciones, se atribuyen competencias a la Agencia Tributaria de Andalucía desde la notificación de la resolución de reintegro.

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