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La Junta reclama al Gobierno central un trato "equitativo y proporcionado" para las CCAA

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Los consejeros de Hacienda de Andalucía, Castilla y León, Murcia, Galicia, Ceuta y Madrid se reúnen para poner en común sus propuestas ante la crisis del Covid-19


La Junta de Andalucía ha reclamado al Gobierno central un trato «equitativo y proporcionado» para las comunidades autónomas, en sus decisiones ante las consecuencias del Covid-19. Lo ha destacado el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, tras la reunión que ha mantenido con los responsables de Hacienda de Castilla y León, Murcia, Galicia, Ceuta y Madrid. Al encuentro, en el Palacio de San Telmo, han asistido el consejero de Castilla y León, Carlos Javier Fernández; el titular de Presidencia y Hacienda de Murcia, Javier Celdrán; el consejero de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Alberto Gaitán; el responsable de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, y, representando a Galicia, mediante videoconferencia, el consejero de Hacienda de la Xunta, Valeriano Martínez.

Los responsables de Hacienda de los distintos territorios se han reunido en Sevilla para abordar asuntos comunes en materia de planificación presupuestaria y «requerir al Gobierno de la Nación el retorno a la cooperación y coordinación económico-financiera con las comunidades para que puedan desplegar su autonomía de gestión en un entorno de certidumbre, así como para que el Estado garantice la realización efectiva del principio de solidaridad, y vele por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español», según han explicado en una declaración conjunta.

En dicho escrito, los consejeros han solicitado al Gobierno de España «la convocatoria urgente e inmediata» del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que desde el mes de febrero no se reúne, «a pesar del impacto de la pandemia en el estado de las finanzas públicas».

Por otro lado, han acordado «exigir al Gobierno de España el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Loepsf) y que facilite a las comunidades autónomas los documentos técnicos necesarios para que puedan realizar su planificación económico-financiera». En este sentido, se han referido principalmente al informe de evaluación de la economía española y al nuevo límite de gasto no financiero, así como la previsión por entregas a cuenta para el ejercicio 2021 y la valoración del tratamiento de la liquidación de las entregas del ejercicio 2020.

Los consejeros han decidido también reclamar al Gobierno de España que valore y revise «el cumplimiento de los objetivos de estabilidad para 2020, realizando un reparto justo y equilibrado del nivel de déficit entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas». Por ello, proponen que el Gobierno de España desarrolle la estrategia ‘Déficit Inverso’, «de forma que se realice una distribución justa, equilibrada y coordinada del límite de déficit y deuda entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas atendiendo a la realidad del gasto, aplicando de manera responsable la cláusula de escape regulada en el artículo 135.4 de la Constitución Española, como una herramienta de política fiscal expansiva que permita cubrir con deuda la menor financiación de 2021; preservando el gasto en sanidad, educación y dependencia, así como gastos sociales y servicios básicos, sin subir impuestos, y con el objetivo de retornar en 2022 al equilibrio presupuestario».

De esta forma, apuntan en la declaración, «la Administración General del Estado podría acaparar la mayor parte del déficit público del conjunto de Administraciones en el ejercicio 2020, permitiendo cubrir la financiación de los gastos de su competencia sobrevenidos y los menores ingresos que ha provocado la crisis del Covid; garantizando el aumento para 2021 y 2022 de los límites de déficit y deuda de las comunidades y ciudades autónomas, en función de la previsión de mayores necesidades presupuestarias que van a surgir, puesto que tal y como señala la AIReF en el informe 3/2020 serán en dichos ejercicios cuando la financiación de las comunidades autónomas se verá gravemente afectada, por menores ingresos previstos para 2021 y 2022, y por la liquidación dos años después de las entregas del ejercicio 2020».

Esta medida, señalan, es la traslación a las comunidades de régimen común y ciudades autónomas para los ejercicios 21 y 22 de los acuerdos que el Gobierno de España ha suscrito en relación con la capacidad de endeudamiento para el ejercicio 2020 con el País Vasco y Navarra, que por su específico régimen de financiación notarán los efectos principalmente en el ejercicio 2020 (al igual que la Administración General del Estado).

Asimismo, «se hace preciso activar un mecanismo similar que atienda a las especificidades de las ciudades autónomas, frente a la pérdida de recaudación en estas administraciones», afirman los consejeros.

Por último, los consejeros han decidido instar al Gobierno de España a consensuar con las comunidades y ciudades autónomas la creación y distribución de un Fondo COVID para el ejercicio 2021, «a fin de tener previsto de manera anticipada la financiación extraordinaria que fuese necesaria para apoyar a las comunidades y ciudades autónomas frente a distintos escenarios de incidencia de la enfermedad durante el próximo año».

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