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La Junta ofrece colaboración al Ayuntamiento de Lepe tras el incendio del asentamiento de migrantes

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La directora general de Políticas Migratorias se ha reunido con el alcalde de Lepe y con Cruz Roja y Cepaim para conocer de primera mano la situación


La directora general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Mar Ahumada, ha ofrecido este martes al Ayuntamiento de Lepe «toda la colaboración de la Junta de Andalucía para buscar soluciones y recursos habitacionales» a las 68 personas migrantes que aún permanecen en el campo de fútbol de la localidad, tras el incendio en el asentamiento chabolista en el que vivían.

Mar Ahumada se ha reunido tanto con el alcalde de Lepe, Juan Manuel González, como con Cruz Roja y Cepaim para conocer de primera mano la situación en la que se encuentran estas personas, las medidas que se han tomado y las que se pueden llevar a cabo para dar una solución a todos los afectados.

En la línea de impulso a la colaboración entre administraciones que se ha marcado la Dirección General de Políticas Migratorias, Ahumada ha destacado que desde la Consejería «nos hemos puesto a disposición del alcalde». La directora general ha recordado que esta situación «no es una cuestión que afecte sólo a Lepe porque muchas de estas personas viven aquí pero trabajan en toda la provincia de Huelva».

«Desde la Junta de Andalucía nos hemos ofrecido para la búsqueda de recursos para estas personas, buscando la colaboración no sólo entre las administraciones, sino también en las entidades sociales, que sabemos que lo están haciendo», ha señalado la directora general. Según ha asegurado, la intención del Gobierno andaluz es «que estas personas puedan encontrar rápidamente un alojamiento fuera del polideportivo porque no es el sitio más apropiado para vivir».

Asimismo, la directora general ha indicado que aunque «la Junta no tiene intervención directa con recursos propios», sí los tienen las ONG que reciben subvenciones de la Dirección General. «Además, desde el Gobierno central sé que también se han puesto recursos a través de entidades como Cruz Roja y Cepaim, que están haciendo una labor magnífica», ha añadido. No obstante, uno de los escollos «que nos hemos encontrado es que algunas de estas personas, aunque trabajen en la provincia, no quieren irse de Lepe».

«Las viviendas que se les subvenciona a las entidades están distribuidas en toda la provincia. Los recursos están, pero estas personas no quieren marcharse, lo que agrava el problema, pues dificulta aún más poder buscar una salida digna a su situación», ha puntualizado.

Por último, sobre el hecho de que muchos de los afectados carezcan de documentación reglada, Ahumada ha trasladado que también ha mantenido «conversaciones con la Subdelegación del Gobierno, y sé que están colaborando para poder agilizar la tramitación de la documentación de estas personas».

Tema central del Foro

Precisamente, la infravivienda es el tema que centra gran parte del trabajo del Foro Provincial de la Inmigración de Huelva, que en tres meses se ha reunido dos veces para tratar esta cuestión. En la última cita, de hecho, se ha decidido crear un protocolo de prevención y actuación para los casos en los que se produzcan incendios, además de cerrar los grupos de trabajo que se centrarán en la erradicación del chabolismo.

Así, se conformaron cinco grupos especializados en educación, vivienda, empleo, salud y asentamientos para abordar las soluciones a los poblados chabolistas desde diferentes puntos de vista, coliderados por los delegados territoriales y representantes de las diversas entidades. Además, el protocolo pretende ser una herramienta para prevenir los incendios en los asentamientos y, por otro lado, establecer las pautas de actuación y la coordinación con cada una de las entidades que trabajan en las diferentes zonas de la provincia de Huelva y con los respectivos ayuntamientos.

Del mismo modo, la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias destina 1.100.000 euros para toda Andalucía para proyectos de infraestructuras destinadas al arraigo, la inserción y promoción social de personas inmigrantes y sus familias. Para la provincia de Huelva la cuantía es de 75.925 euros. A este importe hay que sumar otro millón de euros para entidades y ONG.

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