La consejera de Igualdad, PolÃticas Sociales y Conciliación se ha reunido con el Defensor del Pueblo Andaluz, a quien ha trasladado las medidas adoptadas por su departamento para hacer frente a la crisis social por la pandemia de Covid-19
La consejera de Igualdad, PolÃticas Sociales y Conciliación, RocÃo Ruiz, ha informado al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en reunión celebrada a través de videoconferencia, que la atención a los menores extranjeros no acompañados está plenamente garantizada en la comunidad por la Junta de AndalucÃa.
Ruiz ha concretado que la ConsejerÃa ha alcanzado un acuerdo con las entidades colaboradoras que gestionan los dispositivos destinados a estos menores migrantes para el mantenimiento de 650 plazas en centros de protección en toda AndalucÃa. «El presupuesto para la financiación de todas estas plazas será aportado totalmente por la Junta de AndalucÃa, ya que el Gobierno central nos ha negado la subvención para mantener los dispositivos especÃficos para menores extranjeros no acompañados en el año 2020 que fue de 26 millones de euros en 2019», ha señalado.
Por otra parte, Ruiz se ha referido al esfuerzo realizado desde la ConsejerÃa de Igualdad PolÃticas Sociales y Conciliación para dar cobertura a los jóvenes que cumplen la mayorÃa de edad, ya que se han incrementado notablemente los recursos de alta intensidad para ellos. De este modo, de las 215 plazas disponibles en el 2018 se ha pasado a disponer de 484 plazas en el 2020.
Asà ha garantizado, igualmente, la atención a los menores que cumplen la mayorÃa de edad, a través de los programas desarrollados por la Dirección General de Infancia y que implican acciones como la realización de itinerarios formativo-laborales individualizados, basados en la tutorización y seguimiento personalizado, tareas de asesoramiento y acompañamiento para facilitar el proceso de cualificación profesional de cada joven o el establecimiento de una red de recursos formativos y empresariales (convenios con empresas) que posibilite la inserción en el mercado laboral.
La máxima responsable de las PolÃticas Sociales en AndalucÃa ha destacado el compromiso de su ConsejerÃa y del Gobierno andaluz para mantener el servicio público de protección de menores junto con la colaboración de las entidades.
«A pesar de que la situación de pandemia y crisis social derivada nos obliga a hacer una reorganización de todo el presupuesto de la Junta de AndalucÃa, todos los menores seguirán perfectamente atendidos en la red de centros de protección, tanto públicos como privados, y en los dispositivos especÃficos para niños y niñas migrantes», ha subrayado Ruiz.
La consejera ha destacado que los propios datos del Gobierno central reconocen que AndalucÃa asume un flujo migratorio mucho mayor que el resto de Comunidades autónomas, con un 37% del total de los menores extranjeros no acompañados tutelados por el Estado. Por este motivo, «AndalucÃa seguirá solicitando la ayuda para la financiación de las actuaciones y el reparto responsable entre todas las comunidades».
Estos menores que llegan a AndalucÃa se encuentran, técnicamente, en situación de desprotección según la legislación vigente en materia de menores y es obligación de la Junta de AndalucÃa asumir la responsabilidad de atender a todos aquellos que se localicen en territorio andaluz, prestándoles la debida atención a sus necesidades básicas de alojamiento, alimentación, salud, educación e integración social.
Con el objetivo de evitar la sobre ocupación de años anteriores que afectaba, fundamentalmente, a los centros de titularidad pública, la ConsejerÃa de Igualdad puso en marcha tres modalidades de dispositivos especÃficos terminando asà con la provisionalidad en la atención que reflejaban los recursos de emergencia: programas de Recepción, programas de Evaluación y Diagnóstico y programas de Inserción Social y Laboral.
Como ya se advirtió desde la ConsejerÃa de Igualdad, PolÃticas Sociales y Conciliación, el anuncio del Gobierno central de hacerse cargo del reparto de los menores extranjeros no acompañados entre las distintas comunidades autónomas y la instalación de nuevos recursos para su atención en los primeros dÃas desde su llegada, no era una alternativa a corto/medio plazo al no contar con el respaldo legal y necesitar de diferentes modificaciones normativas, incluso la propia Ley de AndalucÃa de Protección del Menor.
Medidas sociales frente al Covid-19
Durante su reunión, la consejera también ha trasladado al Defensor del Pueblo Andaluz la planificación que ha realizado su departamento en cuanto a medidas para paliar la crisis social derivada de la pandemia por coronavirus. En este sentido, ha destacado los cuatro importantes instrumentos en torno a los cuales se ha trabajado y que han supuesto la movilización de 72 millones de euros.
El refuerzo, agilización y ampliación de cobertura de la Renta MÃnima de Inserción Social de AndalucÃa; el apoyo decidido a los Servicios Sociales Comunitarios de los ayuntamientos y diputaciones; los proyectos de garantÃa alimentaria entre el que se encuentra las tarjetas monedero para la compra de productos de primera necesidad por parte de familias vulnerables; y el incremento de las Ayudas Económicas Familiares.
