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La Junta aprueba un decreto ley con ayudas para el sector del transporte por carretera

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La Consejería de Fomento pretende contrarrestar el impacto económico del Covid-19 en las empresas y garantizar los servicios


El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un decreto ley con el que la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio adelantará unas partidas extraordinarias a los concesionarios de transporte por carretera por las pérdidas originadas durante el estado de alarma declarado por la pandemia del Covid-19, dadas las restricciones en la movilidad y en los servicios.

Es la segunda vez que esta medida obtiene el visto bueno del Consejo de Gobierno, puesto que ya el 28 de julio se incluyó en el decreto ley 20/2020 de medidas con carácter extraordinario y urgente ante la situación generada por el coronavirus. Dicho texto no fue convalidado en la Diputación Permanente del Parlamento, de ahí que esta medida de la Consejería de Fomento se presente de nuevo en un decreto ley propio.

La primera cuantía, que se estima en 17,4 millones de euros, atiende al desequilibrio económico de estos operadores durante los meses de marzo, abril y mayo, con caídas de la demanda de hasta el 95 por ciento. Este dinero será un adelanto mientras se espera que se concreten las ayudas anunciadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para el sector del transporte y ante la urgencia existente por el precario estado de las cuentas de los concesionarios, algunos de los cuales se han planteado abandonar la prestación del servicio debido a su delicada situación económica.

El Real Decreto Ley 22/2020, de 16 de junio, crea el Fondo Covid-19 autorizando un crédito extraordinario a las comunidades autónomas de 272 millones de euros para los servicios regulares permanentes de uso general de viajeros interurbanos por carretera, dentro de su ámbito competencial. No obstante, en esa misma norma se recuerda que ese reparto territorial se realizará tras la publicación de la correspondiente orden ministerial en diciembre de 2020.

Además, el decreto ley andaluz recoge un segundo tramo de compensación desde el 1 de junio hasta el 31 de octubre. El Gobierno andaluz ha reconocido que el servicio del transporte público por carretera es uno de los más afectados por la crisis sanitaria del Covid-19, puesto que provocó el confinamiento durante más de tres meses, restringiendo los desplazamientos a los servicios esenciales.

Las condiciones en las que se venían prestando los servicios han conllevado un incremento extraordinario del déficit de explotación que justifica el establecimiento de una compensación económica extraordinaria de los contratos de concesión de servicios de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera.

Un sector con 10.000 empleos directos

Las partidas económicas incluidas en el decreto van a permitir dotar a estas empresas de una liquidez necesaria para su viabilidad y con ella el mantenimiento de los más de 10.000 empleos directos y otros tantos indirectos que generan. Además, pretende ser un incentivo para los operadores para la recuperación de los servicios, ya que parte de las ayudas están ligadas a los kilómetros recorridos en 2020. Esto ayudará a garantizar la prestación de los servicios del transporte regular por carretera, clave para la comunicación de pueblos y ciudades andaluzas, así como el servicio del catamarán que une Cádiz con El Puerto de Santa María y Rota, puesto que la norma también incluye este adelanto de las ayudas al concesionario.

La compensación económica se cuantificará a través de un cálculo entre los ingresos teóricos y los ingresos reales, donde se tendrá en cuenta no sólo los costes fijos y kilómetros recorridos, sino también los costes de limpieza y desinfección. De esta forma, la comunidad andaluza es la primera en establecer el procedimiento de compensación para el transporte regular interurbano por carretera y marítimo de esta cuantía, de ahí que otras comunidades se hayan interesado por el procedimiento habilitado.

En Andalucía existen 122 contratos de concesión, con 80 operadores de transporte que ofrecen más de 1.000 rutas con unos 1.500 autobuses, y 7.000 puntos de subida/bajada de viajeros (estaciones, apeaderos y marquesinas). Con este sistema concesional se ofrece un servicio de transporte público regular de viajeros por carretera a los 8,6 millones de andaluces, movilizando unos 70 millones de viajeros al año, sin que esto suponga coste alguno para la Administración.

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